La Justicia federal frenó de manera provisoria la aplicación de una resolución del Instituto Nacional de Tecnología Industrial que disponía la eliminación de cientos de servicios técnicos y programas especializados en todo el país, luego de una presentación judicial impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado. El fallo llegó en la misma semana en que el Gobierno enfrenta varios frentes judiciales abiertos en distintos organismos del Estado.

El fallo fue dictado por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, a cargo del juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, quien hizo lugar parcialmente a una medida cautelar presentada por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar. La cautelar tiene una vigencia de al menos seis meses, durante los cuales el organismo no podrá avanzar con ningún acto administrativo derivado de la norma cuestionada.

La resolución judicial obliga a garantizar la ocupación efectiva de los trabajadores afectados, preservando categorías, salarios y condiciones laborales vigentes al 14 de abril de 2026. La cautelar también establece la continuidad de programas de asistencia técnica, ensayos, certificaciones y transferencia tecnológica bajo la órbita estatal del organismo. Un blindaje completo sobre la estructura operativa del instituto mientras la Justicia analiza el fondo del asunto.

La resolución, además, fue impulsada en el marco de los recortes que el Ejecutivo establece sobre el organismo desde 2024. A mediados de abril, el Gobierno dio de baja más de 900 servicios que el INTI prestaba y aclaró que se trataba de una medida en consecuencia de la "baja demanda". El plan contemplaba la cancelación de cerca de mil servicios técnicos de un total de tres mil prestaciones, lo que podría haber derivado en alrededor de 700 despidos sobre una plantilla de aproximadamente 2.300 trabajadores.

El magistrado consideró que la Resolución 42/2026 "vulnera de forma manifiesta el principio de estabilidad, así como los derechos laborales y sindicales reconocidos a los trabajadores estatales". También señaló que existe un "riesgo cierto de un daño inminente e irreparable" y subrayó que los trabajadores constituyen "un sector socialmente vulnerable", por lo que correspondía preservar el statu quo mientras se analiza el fondo de la cuestión.

Desde ATE celebraron el fallo como un triunfo. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, afirmó en X: "La Justicia ordenó a las autoridades del INTI dar marcha atrás con la Resolución 42/26, impidiendo cualquier tipo de cesación, transferencia o modificación de funciones y exigiendo la garantía de ocupación efectiva de todos los trabajadores con mantenimiento pleno de sus categorías y remuneraciones". También apuntó contra el Gobierno: "Lo dijimos mil veces: no se puede gobernar al margen de la ley y contra la Constitución Nacional."

El revés judicial en el INTI se suma a una serie de fallos adversos que el Gobierno viene acumulando en distintos frentes. La Justicia también frenó semanas atrás los despidos en Vialidad Nacional y bloqueó una herramienta de la AFIP que permitía la desafiliación sindical con un clic. En cada caso, el patrón se repite: el Ejecutivo avanza por decreto o resolución interna, los gremios presentan amparos y los jueces suspenden las medidas mientras analizan su constitucionalidad. Un esquema que pone en tensión permanente los tiempos del ajuste con los límites que impone el Poder Judicial.