La Cámara Nacional en lo Civil falló a favor de la AFA, dio por cancelada su inscripción en el Registro Público a cargo de la Inspección General de Justicia y declaró la nulidad de una resolución del Ministerio de Justicia que designó veedores en la entidad madre del fútbol argentino. El Tribunal de Apelaciones consideró que los controles están ahora en manos de la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires a partir del cambio de sede social a Pilar resuelto en Asamblea en 2024 y de la inscripción de la "Asociación del Fútbol Argentino" en esa jurisdicción. "Quedó definitivamente consolidado bajo este organismo el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre esta entidad", resolvieron los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset.

La Cámara decidió "admitir" las quejas presentadas por la AFA y en consecuencia "declarar la nulidad de la Resolución Particular 140/26 emitida por el Sr. Inspector General de Justicia el 18 de febrero de 2026 y por ende tener por cancelada la inscripción de la Asociación Civil – Asociación del Fútbol Argentino del Registro Público a cargo de la Inspección General de Justicia", y además "declarar la nulidad de la RESOL-2026-128-APN-MJ dictada en fecha 16 de marzo de 2026 por el Sr. Ministro de Justicia de la Nación", Juan Bautista Mahiques, que designó veedores por 180 días hábiles tras un informe de la IGJ que detectó irregularidades en el funcionamiento institucional de la entidad. El fallo cierra, al menos en esta instancia, una disputa que se había convertido en un pulso institucional entre la Nación y la provincia de Buenos Aires.

El traslado del domicilio legal fue formalmente iniciado el 17 de octubre de 2024, cuando la Asamblea General Ordinaria aprobó por unanimidad la modificación del estatuto social para fijar su domicilio en la provincia de Buenos Aires. La tradicional sede de la calle Viamonte quedó relegada tras el cambio de domicilio. Desde entonces, la AFA sostuvo que la jurisdicción bonaerense era la única competente para fiscalizar su funcionamiento, mientras la IGJ porteña insistía en mantener el control de legalidad sobre la entidad.

El objetivo de la veeduría impulsada por la IGJ era acceder a información contable de 2025 y auditar la creación de la Universidad de la AFA, además de revisar contratos comerciales con las firmas TourProdEnter LLC y el Grupo Sur Finanzas. El inspector Daniel Vítolo había justificado el pedido de veedores por la existencia de "graves irregularidades". El abogado de la AFA, Gregorio Dalbón, calificó la situación como una "ficción jurídica" y una "intromisión indebida". Con el fallo de la Cámara Civil, esa investigación contable queda en un punto muerto, al menos hasta que la Nación defina si apela la decisión ante una instancia superior.

El gobierno de Axel Kicillof había reconocido formalmente el domicilio de la entidad en la calle Mercedes 1366, en el partido bonaerense de Pilar, pese a que inspectores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y de la Inspección General de Justicia constataron que en esa dirección no funciona ninguna oficina administrativa y describieron el lugar como un baldío. Ese antecedente, que en su momento generó polémica por la falta de actividad verificable en la nueva sede, no impidió que la Justicia terminara avalando el traslado y la jurisdicción provincial sobre la entidad.

En la Casa Rosada, en su momento, habían relativizado el impacto de la medida provincial y asegurado que la resolución bonaerense "no modifica el curso de las actuaciones". Un funcionario había calificado la maniobra como apurada: "Fue una resolución apurada, pensada para judicializar el tema y llevarlo a otro ámbito". El fallo de la Cámara Civil terminó dándole la razón, al menos por ahora, a la estrategia legal diseñada por la AFA y respaldada por el gobierno bonaerense, en un conflicto que combinó fútbol, política y disputas de competencia institucional entre dos jurisdicciones que rara vez coinciden en sus intereses.