La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI, que obtuvo media sanción con el respaldo del oficialismo y sus aliados. La iniciativa apunta a atraer proyectos de al menos USD 1.000 millones en sectores que el Gobierno denomina industrias del futuro, como inteligencia artificial, data centers, fabricación de baterías de litio, paneles solares, turbinas eólicas y desarrollos vinculados a la cadena de valor del uranio. El proyecto llegó a la sesión luego de un dictamen de mayoría firmado con apoyo del PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales aliados.

El cambio en el foco sectorial responde a una lógica de transformación productiva. Mientras el RIGI original priorizaba sectores tradicionales como minería, petróleo, gas, energía e infraestructura, el Súper RIGI orienta los incentivos hacia industrias que, según la visión oficial, nunca han existido en el país. La línea divisoria es clara: el RIGI de la Ley Bases sirvió para atraer inversión en lo que Argentina ya produce; el Súper RIGI busca crear lo que todavía no existe.

Respecto a los requisitos de inversión, el nuevo régimen fija un piso único de USD 1.000 millones por proyecto, a diferencia de los montos mínimos de entre USD 200 y USD 600 millones que establecía el RIGI según el sector. El Súper RIGI fija una alícuota del 15% para el Impuesto a las Ganancias, frente al 25% del RIGI y al 35% general. Se incorpora amortización acelerada, permite deducir quebrantos sin límite de tiempo y transferirlos a terceros luego de cinco años. Además, elimina las retenciones a las exportaciones y garantiza arancel cero para las importaciones vinculadas a los proyectos adheridos.

El texto también establece que las nuevas contrataciones realizadas dentro de los proyectos adheridos estarán alcanzadas por una alícuota única del 10% en contribuciones patronales, un incentivo diseñado para reducir costos y favorecer la generación de empleo formal en actividades tecnológicas e industriales. La estabilidad jurídica se garantiza por 30 años: durante ese período, los proyectos mantendrán las condiciones tributarias, aduaneras, previsionales y cambiarias vigentes al momento de su incorporación al régimen.

A último momento y como parte de la negociación con legisladores aliados y las provincias, el Gobierno sumó la cláusula de Compre Nacional para destinar al menos un 20% de la inversión en proveedores locales para los proyectos del régimen. La concesión fue clave para sumar los votos del PRO y la UCR, que venían reclamando mayor participación de la industria nacional en los grandes proyectos de inversión extranjera.

La diputada Victoria Tolosa Paz resumió la postura opositora: Argentina necesita inversiones, pero no a costa de la industria nacional y el empleo argentino. Sostuvo que el proyecto otorga beneficios extraordinarios por décadas, pero sin garantías de más industria nacional, más trabajo argentino ni mayor valor agregado. Desde el kirchnerismo y la izquierda calificaron al régimen como un traje a medida para grandes corporaciones tecnológicas, con referencias directas a las reuniones de Milei con el empresario Peter Thiel en la Casa Rosada. El régimen vigente ya acumula 38 proyectos presentados, con 14 aprobados y un volumen comprometido de USD 107.176 millones, concentrados principalmente en energía y minería. Si el Senado le da su aval, el nuevo régimen podría comenzar a recibir proyectos en el primer trimestre de 2027.