La Corte Suprema dejó firme este jueves la cautelar que obliga al Estado Nacional a aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de financiamiento universitario. Al rechazar el recurso del Gobierno por falta de sentencia definitiva, mantuvo en esta etapa la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles. La resolución fue firmada de manera unánime por los tres ministros del tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, los mismos que el Gobierno había intentado apartar del caso alegando que ejercen la docencia universitaria, un planteo que también fue rechazado.

El 10 de junio de 2026, el Poder Ejecutivo firmó un acta en la que se comprometió a transferir fondos para un incremento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios hasta 50.000 millones de pesos. Por eso, la resolución firmada este jueves por la Corte Suprema no tiene efectos económicos concretos porque el aumento ya estaba acordado, pero puede leerse como un aval implícito a la ley de financiamiento universitario. En el Gobierno lo reconocen: el fallo no les cambia el escenario a corto plazo, pero les complica el argumento jurídico de fondo.

El acuerdo también contempló una actualización del 50% para las Becas Manuela Belgrano a partir de junio de este año. En el futuro, las partes fijaron un cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre en las paritarias con los gremios docentes y no docentes para discutir la actualización de los salarios según la variación acumulada del IPC y la recomposición por el desfasaje de 2024. La fecha del 15 de septiembre es la que marca el próximo punto de tensión: si para entonces no hay acuerdo salarial, el conflicto universitario volverá a las calles en plena campaña electoral.

La justicia en lo contencioso administrativo federal había ordenado, como medida cautelar, que el Gobierno cumpliera de inmediato los artículos 5 y 6 de la ley, referidos a la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, y a la recomposición de todos los programas del estudiantado. La cautelar no incluyó el conjunto completo de cuestiones previstas por la ley: quedaron afuera la recomposición presupuestaria de 2024 y 2025 y otros gastos vinculados con programas de asistencia y fortalecimiento. Esa diferencia entre lo que obliga la cautelar y lo que exige la ley completa es la grieta que el Gobierno intentará mantener abierta el mayor tiempo posible.

Desde la UBA advirtieron que la decisión de la Corte Suprema lo que hace es dar un aval implícito a la ley de financiamiento universitario. En esa línea, Emiliano Cagnaci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA, señaló que a partir de esta cautelar deberían actualizarse los salarios que habían quedado retrasados de años anteriores. El Gobierno no puede elegir qué cumplir y qué no. Tiene que actualizar los salarios. Lo que hizo la Corte fue darle un mensaje al Poder Ejecutivo y darle la razón a la cautelar, agregó.

La posición del Gobierno es que la ley sancionada por el Congreso es ilegal porque, bajo su interpretación, no cumple con la normativa de administración financiera que exige identificar la fuente de los recursos. Por ese motivo, el Ejecutivo sostiene que mantener la demanda judicial es incompatible con un acuerdo económico entre las partes. Una paradoja que se repite desde hace meses: el Ejecutivo firma acuerdos económicos con los rectores pero al mismo tiempo los presiona para que retiren la causa judicial. Los rectores no están dispuestos a hacer lo segundo.

La Federación Universitaria Argentina, que reúne a los alumnos, rescató el fallo de la Corte como un triunfo y un reconocimiento a la movilización estudiantil. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, lo celebró en X: Fue un camino largo y difícil. Hoy la Corte Suprema reafirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. Gracias a una sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social y herramienta central para el desarrollo del país y el futuro de todos. El Gobierno, mientras tanto, confía en que el acuerdo político firmado el 10 de junio termine convirtiendo en abstracto el reclamo judicial. La historia de este conflicto sugiere que esa confianza puede ser prematura.