El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio luz verde a un histórico acuerdo de cooperación nuclear con Arabia Saudita que dotará al reino de un programa civil y que podría, con el tiempo, permitirle enriquecer su propio uranio en territorio saudita. El pacto, que tiene una vigencia de 30 años y un valor estimado en decenas de miles de millones de dólares, busca colocar a empresas estadounidenses en el centro del desarrollo de la infraestructura nuclear saudita, dejando fuera a competidores extranjeros como Rusia y China.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y el ministro de Energía saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salman, suscribieron el denominado acuerdo 123, en referencia a la sección 123 de la Ley de Energía Atómica de 1954 que regula la transferencia de tecnología nuclear estadounidense al exterior, junto con un acuerdo bilateral de salvaguardias. La firma se realizó en Washington y fue el acto oficial que concretó semanas de negociaciones reservadas que el Wall Street Journal había revelado días antes.

La cláusula más sensible del acuerdo prevé que compañías de EEUU construyan una planta de enriquecimiento de uranio en suelo saudita, siempre que un estudio conjunto entre ambos gobiernos determine que ese paso está justificado. Estados Unidos mantendrá el control exclusivo del enriquecimiento de uranio en Arabia Saudita durante la primera década del programa. El pacto beneficiará económicamente a empresas como Westinghouse Electric, que se posiciona para ganar contratos en el sector nuclear saudita.

El punto de comparación más inmediato son los Emiratos Árabes Unidos, que en 2009 firmaron su propio acuerdo 123 con Washington para construir la planta nuclear de Barakah, pero renunciaron expresamente al enriquecimiento de uranio. Ese modelo ha sido considerado por los especialistas como el estándar de oro para los países que buscan energía atómica sin generar sospechas de ambiciones armamentistas. Arabia Saudita ha resistido históricamente cualquier cláusula que le obligue a renunciar al ciclo completo del combustible nuclear.

El acuerdo no incluiría el Protocolo Adicional de la OIEA, el mecanismo que habilitaría inspecciones y verificaciones más estrictas, lo que generó alarmas entre los expertos en no proliferación. Robert Einhorn, exfuncionario del Departamento de Estado que asesoró en esa materia tanto a gobiernos demócratas como republicanos, advirtió que el acuerdo podría aumentar los riesgos de proliferación nuclear en Medio Oriente si no incluye restricciones adecuadas sobre el ciclo del combustible.

El pacto deberá ser remitido al Congreso para su revisión en los próximos días. Sin embargo, no necesita la aprobación de los legisladores para entrar en vigor. Varios congresistas ya anticiparon su resistencia al señalar que facilitar el deseo histórico de los sauditas de enriquecer uranio podría desencadenar una nueva competencia nuclear en la región. La paradoja geopolítica del acuerdo no pasó desapercibida: la misma administración que bombardea Irán para impedir que desarrolle armas nucleares habilita simultáneamente el ciclo del combustible en Arabia Saudita, su principal rival regional.