El Gobierno de Javier Milei firmó este miércoles el primer traspaso de una ruta nacional a una provincia desde que el decreto 253 habilitó esa posibilidad en abril. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, viajó a la Casa Rosada para rubricar el convenio que le transfiere la administración de la Autopista AO12 durante veinte años. La provincia asumirá con recursos propios el mantenimiento, la conservación y la ejecución de nuevas obras sobre una traza cuyo deterioro venía siendo motivo de reclamos constantes. La AO12 conecta los corredores utilizados por los camiones que ingresan a los puertos del Gran Rosario, desde donde sale cerca del 80% de las exportaciones argentinas de granos, harinas y aceites.

En el Gobierno no ocultan que aspiran a replicar el mecanismo en otros distritos. Ya existen negociaciones avanzadas con Córdoba para transferir la concesión de la Ruta Nacional 19. Un informe que circula entre los gobernadores y que pudo ver Infobae detalla los planteos provinciales: Santa Fe por las RN 11 y 33, Mendoza por las RN 7 y 40, San Juan por la RN 150 y el corredor Agua Negra, y Santa Cruz por las RN 3 y 40. Río Negro busca asumir la administración de las rutas 22 y 151, aunque puso una condición: recibir los corredores libres de contratos vigentes para poder avanzar con nuevas licitaciones.

El informe también incorpora un análisis económico sobre el costo de postergar inversiones. Estima que el mantenimiento rutinario de una ruta demanda entre USD 15.000 y USD 40.000 por kilómetro al año, mientras que una reconstrucción total puede costar entre USD 1,3 millones y USD 3,5 millones por kilómetro. La conclusión es que intervenir a tiempo puede resultar hasta diez veces más barato que reconstruir una ruta deteriorada. Es ese argumento el que más impacta en los gobernadores de las provincias productivas, donde el estado de las rutas condiciona directamente la competitividad de sus economías.

La Casa Rosada busca transferir corredores nacionales y ampliar las concesiones privadas ante una red vial con graves problemas de mantenimiento. Las provincias están dispuestas a discutir esos esquemas, pero exigen recursos y condiciones claras antes de asumir obras que requieren inversiones millonarias. La brecha entre la voluntad de negociar y la capacidad real de las provincias para financiar el mantenimiento es el obstáculo más difícil de salvar en cada mesa de conversación.

El avance de las concesiones coincide con una nueva etapa de diálogo entre la Casa Rosada y los gobernadores, luego de que el Gobierno comenzara a destrabar obras públicas consideradas prioritarias para las provincias. Los libertarios habilitan mecanismos para que algunas puedan continuar con financiamiento propio o mediante esquemas de participación privada. La apuesta oficial es mostrar que la infraestructura puede volver a moverse sin recurrir al modelo tradicional de obra pública financiada íntegramente por el Estado.

Sin embargo, en la negociación de fondo está la ley que más quiere Milei: la eliminación de las PASO. La eliminación de las PASO sigue generando desconfianza entre los gobernadores, quienes todavía guardan resquemores sobre los términos del acuerdo político. El dato más duro lo pone la opinión pública: el 72% de la población rechaza la suspensión de la obra pública, según una encuesta citada por Infobae, lo que limita el margen de los mandatarios para ceder demasiado en la negociación sin pagar costos políticos en sus propios distritos.