El Poder Ejecutivo elevó al Congreso de la Nación el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía por Malvinas, una iniciativa integral que busca reestructurar el marco normativo de la seguridad nacional y la protección de los recursos estratégicos en el Atlántico Sur. El texto normativo excede el endurecimiento de las penas contra la pesca y la explotación petrolera no autorizadas, estableciendo una arquitectura legal destinada a disuadir pretensiones de potencias extranjeras sobre el territorio insular y marítimo argentino.

Entre las medidas más drásticas que contempla la propuesta figura la reglamentación de un protocolo de protección del espacio aéreo que incluye el régimen de derribo para aeronaves no identificadas que violen la soberanía territorial. Asimismo, el proyecto fija penas de hasta 20 años de prisión e inhabilitaciones perpetuas para quienes participen o colaboren en la exploración y extracción ilegítima de hidrocarburos o recursos pesqueros en las zonas circundantes a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

La iniciativa faculta al Estado nacional a aplicar severas sanciones económicas, trabar embargos preventivos y disponer la cancelación de personerías jurídicas a empresas locales e internacionales que operen de forma directa o indirecta con la administración británica en las islas. El régimen punitivo contempla además multas millonarias graduadas en unidades fijas vinculadas al valor del combustible, actualizables de manera automática para evitar su depreciación frente al contexto inflacionario.

El articulado crea un Consejo Interministerial de Seguridad Nacional que centralizará las tareas de inteligencia, patrullaje y vigilancia coordinada entre la Armada Argentina, la Prefectura Naval y la Fuerza Aérea. Esta nueva estructura organizativa tendrá la potestad de disponer el bloqueo preventivo de activos financieros y la suspensión de concesiones comerciales a firmas involucradas en actividades no autorizadas dentro de la Zona Económica Exclusiva.

El proyecto de ley procura consolidar una política de Estado de carácter permanente que proteja los derechos soberanos sobre el archipiélago y los espacios marítimos circundantes. Desde el Gobierno remarcaron que el marco legal brindará herramientas jurídicas de alcance internacional para accionar en tribunales extranjeros contra las corporaciones que vulneren la legislación argentina vigente en el Atlántico Sur.

Tras el ingreso del documento por la mesa de entradas del Parlamento, los bloques legislativos comenzarán el debate en las comisiones de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Legislación Penal. La intención de la bancada oficialista es convocar a especialistas en derecho internacional y autoridades de las Fuerzas Armadas para agilizar el dictamen de comisión y llevar la iniciativa al recinto en las próximas semanas.