El Poder Ejecutivo resolvió realizar una profunda reestructuración en el esquema operativo de la Residencia Presidencial de Olivos. A través de los canales oficiales de la Casa Rosada, la administración nacional confirmó el desplazamiento del personal civil que se desempeñaba en el predio, transfiriendo la totalidad de las responsabilidades de custodia, infraestructura y servicios generales a la órbita exclusiva de la Casa Militar.

Desde el Gobierno justificaron la imprevista medida argumentando la necesidad de implementar un protocolo de resguardo más riguroso acorde al contexto internacional. Según señalaron fuentes de la Casa Rosada, las modificaciones responden de forma directa al objetivo de elevar los estándares de protección del Presidente frente a lo que definieron como un "aumento de la inseguridad a nivel global" y a la exigencia de optimizar la logística del predio de cara a compromisos de agenda internacional.   

La medida implica el cese de funciones de decenas de trabajadores civiles que cumplían tareas diversas dentro de la Quinta de Olivos, abarcando desde la asistencia administrativa hasta áreas de mantenimiento, limpieza y gastronomía. La decisión se hará efectiva a través de un esquema de reubicaciones internas dentro de la Administración Pública Nacional y desvinculaciones, según el estatus de contratación de los empleados afectados.

Con esta reconfiguración, la Casa Militar —organismo castrense conducido bajo la supervisión de la Secretaría General de la Presidencia— asumirá la gestión directa e integral del predio de Vicente López. De esta manera, el personal militar no solo mantendrá el anillo de seguridad perimetral e interior de la residencia, sino que pasará a coordinar todas las labores diarias dentro del recinto oficial.

El sorpresivo traspaso generó inmediatas repercusiones en el ámbito gremial, donde representantes sindicales del sector público cuestionaron la falta de explicaciones previas y manifestaron su preocupación por el futuro laboral de los empleados cesanteados. Asimismo, la decisión reabrió debates políticos respecto a los verdaderos motivos detrás del abrupto reemplazo y las condiciones de la gestión cotidiana en la residencia mandataria.

El proceso de transición quedará completado de manera progresiva en el corto plazo para evitar interrupciones en la dinámica habitual de la Quinta. A partir de este nuevo encuadre institucional, el Poder Ejecutivo busca unificar el mando de la residencia presidencial bajo una estricta disciplina castrense y centralizar el control administrativo en una sola dependencia.