La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo de alto impacto político y económico al revocar la medida cautelar que mantenía suspendida la derogación de la Ley de Tierras. Con esta resolución, el máximo tribunal dejó firme la validez del capítulo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 firmado por el Poder Ejecutivo, el cual elimina los límites y restricciones a la compra de campos y superficies rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras en el territorio nacional.

El pronunciamiento judicial se produce pocas semanas después de que el oficialismo sufriera un duro revés en el Congreso de la Nación, donde la oposición había logrado votar el rechazo al tramo normativo que modificaba el régimen de propiedad inmobiliaria rural. Sin embargo, al desestimar el planteo interpuesto por el Centro de ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), la Corte concluyó que la entidad demandante carecía de legitimación activa para litigar en representación del interés general contra la norma del Ejecutivo.

La causa se había iniciado tras la presentación del CECIM, que argumentaba que la desregulación de la venta de tierras amenazaba la soberanía nacional, los recursos naturales estratégicos y los derechos ambientales protegidos por la Constitución. Aunque en instancias inferiores la Cámara Federal de La Plata había hecho lugar al reclamo frenando la aplicación del decreto, la Corte Suprema determinó que no existía un "caso o controversia" concreto que justificara la intervención del Poder Judicial a pedido de la agrupación de veteranos.

Con la reactivación plena del DNU 70/2023 en esta materia, queda nuevamente sin efecto la Ley 26.737, sancionada en 2011, la cual fijaba un tope del 15% a la titularidad de tierras rurales en manos de extranjeros a nivel nacional, provincial y municipal. La normativa derogada también prohibía que propietarios de nacionalidad extranjera poseyeran más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o terrenos ubicados en zonas ribereñas, fronterizas o con fuentes de agua estratégicas.

Desde el sector inmobiliario rural y las cámaras empresarias celebraron la ratificación del fallo, señalando que la quita de límites legales brindará previsibilidad jurídica y atraerá inversiones de capitales internacionales para el desarrollo agropecuario, forestal y energético. Por el contrario, dirigentes de la oposición y organizaciones ambientalistas advirtieron sobre el riesgo de extranjerización de la tierra y la pérdida de control estatal sobre áreas clave para la producción y la conservación del medio ambiente.

La resolución de la Corte ratifica la vigencia del marco desregulador impulsado por la Casa Rosada y reconfigura el escenario legal para la adquisición de inmuebles rurales en todo el país. Mientras la discusión política promete trasladarse a nuevas iniciativas parlamentarias, la decisión judicial habilita de forma inmediata el libre mercado comercial para las operaciones de compraventa de tierras con inversores del exterior.