La implementación de plataformas digitales para facilitar la radicación de denuncias en la Provincia de Buenos Aires sumó un severo contrapunto en la medición oficial de las cifras de la inseguridad. Un informe detalló que la herramienta virtual del Ministerio de Seguridad bonaerense genera un considerable volumen de causas penales que, en la práctica, terminan desconectadas de las estadísticas oficiales por falta de encuadre jurídico en las fiscalías.

A lo largo de 2025, la aplicación móvil “Mi Seguridad” dio origen a un total de 225.398 Investigaciones Penales Preparatorias (IPP), volumen que representa aproximadamente el 20% de la masa total de expedientes iniciados en todo el territorio provincial. Sin embargo, la amplia mayoría de estas presentaciones quedó archivada bajo la carátula de “tipificación provisoria”, sin ser absorbida formalmente por las categorías específicas del Código Penal.

El nudo del problema radica en que más del 50% de las presentaciones virtuales procesadas no recibe una asignación delictiva concreta por parte de los agentes fiscales. Dentro de esa nebulosa administrativa quedaron encasilladas 103.085 denuncias que los propios ciudadanos reportaron originalmente como robos o hurtos, un volumen que, de haberse recaratulado formalmente, habría elevado hasta un 36% los registros oficiales para esos ilícitos en la Provincia.

Para que la denuncia efectuada a través de la vía digital tome impulso judicial y sea formalmente investigada, el procedimiento vigente exige que la víctima se presente en forma presencial en una sede fiscal dentro de los cinco días hábiles subsiguientes. Las estadísticas revelan un desinterés o impedimento sistemático por parte de los afectados, ya que en 2025 apenas el 1,87% de los usuarios acudió a ratificar el trámite iniciado en el teléfono móvil.

La baja concurrencia no es la única traba que frena la conversión de estos expedientes en estadísticas penales certeras. Incluso en aquel reducido universo de casos en los que el denunciante cumplió con el requisito de ratificación presencial, gran parte de los expedientes continuó sin una calificación penal definitiva por la inacción o demora en los despachos judiciales.

Los datos consolidados a septiembre de 2026 muestran un panorama crítico sobre la efectividad del sistema en la persecución penal. Del total de las 225.398 causas iniciadas por intermedio de la aplicación durante todo el período anterior, tan solo el 1,1% logró cumplir simultáneamente con ambas condiciones indispensables: la ratificación presencial de la víctima y la posterior recaratulación formal del hecho por parte de la fiscalía.

Especialistas en seguridad y fuentes judiciales advierten que esta distorsión estadística genera una "zona ciega" en el mapa del delito bonaerense, opacando el verdadero impacto de la delincuencia en el Conurbano y el interior. Al no ser catalogados penalmente, más de 100.000 hechos delictivos denunciados por vecinos quedan marginados de los diagnósticos oficiales y de las políticas públicas de prevención.