El presidente de Paraguay, Santiago Peña, confirmó este viernes que se presentará formalmente ante el Senado para ejercer su defensa en el marco del juicio político abierto en su contra. En medio del colapso del sistema financiero provocado por la crisis de Ueno Bank, el mandatario ratificó que no rehuirá del juzgamiento parlamentario y aseguró que aportará la documentación necesaria para desacreditar la acusación por mal desempeño aprobada por la Cámara de Diputados.

La decisión del jefe de Estado se produjo tras una frenética jornada en el Congreso Nacional, donde el retiro de los legisladores oficialistas pertenecientes a la Asociación Nacional Republicana (ANR - Partido Colorado) dejó sin cuórum la sesión bicameral que debía evaluar la carta de dimisión enviada previamente por el Poder Ejecutivo. Ante la falta de número para tratar la renuncia, la Cámara Alta quedó plenamente constituida como tribunal juzgador conforme a lo establecido por la Carta Magna.

En sus declaraciones públicas, el presidente hizo un enfático llamamiento a las autoridades regulatorias e intervencionistas para garantizar la intangibilidad de los depósitos bancarios de los ahorristas afectados. Peña reclamó la inmediata restitución de los fondos pertenecientes a los casi tres millones de clientes y del Instituto de Previsión Social (IPS), enfatizando que la prioridad absoluta del Estado debe ser la preservación del patrimonio de los ciudadanos.

El mandatario remarcó que acudirá al recinto legislativo con una sólida batería de argumentos jurídicos y contables destinados a demostrar la ausencia de responsabilidad directa del Poder Ejecutivo en las maniobras operativas que desencadenaron la intervención del banco. Asimismo, rechazó las imputaciones de la oposición que lo vinculan de manera personal y política con los accionistas de la firma intervenida.

La postura adoptada por la bancada oficialista al vaciar el recinto parlamentario reflejó la extrema complejidad política que atraviesa el oficialismo colorado. Dirigentes del bloque gubernamental indicaron que la estrategia de no habilitar el debate sobre la renuncia buscó forzar el encuadre formal del juicio político, evitando que la salida institucional del mandatario se resuelva mediante un mero trámite administrativo sin la previa presentación de descargos.

Mientras la sede del Palacio Legislativo permanece bajo un estricto operativo de seguridad ante el despliegue de manifestantes y ahorristas congregados en la Plaza de Armas, el Senado alista los detalles procedimentales para recibir la exposición del jefe de Estado. La sesión juzgadora deberá evaluar si las explicaciones de la defensa resultan suficientes o si se alcanzan los 30 votos requeridos para declarar la culpabilidad del imputado.

El desenlace de las próximas horas determinará el curso político e institucional de la nación vecina. Con las garantías sobre los depósitos en el centro del debate socioeconómico y la continuidad presidencial sujeta al veredicto de la Cámara Alta, Paraguay transita un momento de máxima tensión institucional.