La crisis financiera y política que sacude a Paraguay sumó un capítulo judicial de extrema gravedad tras la presentación formal realizada por las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS). La previsional estatal denunció penalmente que el intervenido Ueno Bank retuvo de manera irregular más de 516 millones de dólares pertenecientes a los recursos de los jubilados y pensionados paraguayos, en un escándalo que ya desencadenó un proceso de juicio político contra el presidente Santiago Peña.

De acuerdo con los términos de la presentación judicial radicada ante el Ministerio Público Fiscal en Asunción, la acción penal no solo alcanza a los principales accionistas, miembros del directorio y gerentes de la entidad financiera digital, sino que también apunta de manera directa contra las autoridades y funcionarios del Banco Central del Paraguay (BCP). La querella sostiene que existió una grave omisión de los deberes de control y supervisión bancaria que permitió el vaciamiento y posterior bloqueo de las reservas previsionales.

El escrito presentado por los representantes legales del IPS detalla que los recursos retenidos corresponden a colocaciones financieras, certificados de depósito de ahorro (CDA) y cuentas a la vista que la institución mantenía en Ueno Bank. Según la documentación contable aportada al expediente, esos millonarios montos estaban destinados específicamente al sostenimiento del fondo común de salud, al pago de jubilaciones y pensiones y a las reservas estratégicas del fondo de contingencia de la seguridad social.

La denuncia subraya que, pese a las señales de alerta sobre el deterioro de la liquidez de la entidad bancaria y la concentración desproporcionada de depósitos estatales, los organismos reguladores no adoptaron medidas preventivas a tiempo para resguardar el patrimonio de los asegurados. Por el contrario, los investigadores judiciales analizan si hubo maniobras deliberadas para canalizar fondos públicos hacia el banco intervenido bajo condiciones de riesgo incompatibles con la normativa prudencial vigente.

El impacto del congelamiento de estos 516 millones de dólares puso en estado de emergencia operativa al sistema previsional y sanitario paraguayo, generando angustia entre cientos de miles de beneficiarios que dependen de las prestaciones médicas y los haberes mensuales del IPS. En paralelo, organizaciones de jubilados, sindicatos y ahorristas particulares mantienen vigilias y movilizaciones permanentes frente a la sede del Congreso Nacional y del Palacio de Justicia exigiendo la restitución inmediata del dinero.

En el plano institucional, la denuncia del IPS funcionó como un elemento probatorio clave para acelerar los tiempos parlamentarios en la Cámara Alta. Con el Senado constituido en tribunal juzgador tras la aprobación unánime del libelo acusatorio en Diputados, los fiscales acusadores incorporaron los montos detallados por la previsional como prueba central del presunto mal desempeño de funciones y conflicto de intereses atribuido al titular del Poder Ejecutivo.

Mientras la Fiscalía General del Estado avanza en la recolección de pericias contables, allanamientos y pedidos de inhibición de bienes contra los ejecutivos involucrados, el Banco Central del Paraguay intenta articular un esquema de liquidación ordenada de activos para determinar qué porcentaje de las acreencias estatales y privadas podrá recuperarse. La magnitud del quebranto consolida al caso Ueno Bank como el mayor escándalo financiero de la historia reciente del país guaraní.