A último momento, el oficialismo en la Cámara de Diputados suspendió la firma del dictamen del presupuesto 2025, un gesto que revela la intransigencia del Gobierno para negociar cambios en la iniciativa con los gobernadores aliados y los bloques dialoguistas. Ante la inminencia de la finalización del año parlamentario, todo indicaría que los libertarios se encaminan a prorrogar, por segunda vez consecutiva, el presupuesto de 2023.

“Seguiremos negociando”, sostuvo José Luis Espert, presidente de la comisión de Presupuesto al anunciar la suspensión de la reunión. “La voluntad de esta comisión y del Poder Ejecutivo encabezado por el presidente Javier Milei es seguir trabajando para lograr los consensos necesarios para tener presupuesto 2025. Si en las próximas semanas hubiera avances en este sentido, el Poder Ejecutivo evaluará la posibilidad de convocar a extraordinarias para su tratamiento”, señaló el diputado, que leyó el anuncio sin aceptar preguntas del periodismo.

La decisión del oficialismo caldeó los ánimos en la oposición que, sin embargo, no atinaba anoche a acordar una estrategia para enfrentar el inminente cierre del Congreso -el 30 de este mes- sin una ley del presupuesto sancionada. Los opositores más duros -Unión por la Patria, Encuentro Federal y los radicales de Democracia para Siempre- advirtieron que si el Gobierno prorroga otra vez el presupuesto, tendrá plena discrecionalidad para manejar las partidas por decreto. Para evitarlo, proponen reflotar la convocatoria a una sesión especial para rechazar el DNU 846 de canje de deuda.

Ese decreto, que le permite al ministro de Economía Luis Caputo a realizar canjes de deuda en moneda extranjera sin autorización del Congreso, está replicado en un artículo del proyecto de presupuesto. “Si se cae el decreto, el oficialismo necesitará aprobarlo en la ley de presupuesto”, deslizan.

Sin embargo, la oposición dialoguista no está convencida de llevar la tensión al extremo. Creen que el Gobierno finalmente convocará a sesiones extraordinarias porque necesita que el Congreso sancione la ley de presupuesto para dar señales de institucionalidad a los mercados y al Fondo Monetario Internacional. “Todavía tenemos una semana para negociar. Si vamos con los tapones de punta nos quedamos sin ley”, sostienen.

Desconcierto

Lo cierto es que la suspensión del dictamen descolocó a los bloques dialoguistas de Pro y de la UCR que, en la recta final de las negociaciones que llevaban adelante en nombre de sus gobernadores, confiaban en llegar esta semana a un acuerdo. Creían que el Gobierno accedería a sus peticiones ya que, afirmaban, no implicaban mayor impacto fiscal.

Sin embargo, ya el jueves pasado el ministro de Economía, Luis Caputo, avisó que no aceptaría sus demandas. Básicamente éstas se sintetizan en dos puntos: que la Nación coparticipe recursos tributarios que, insisten, corresponde a las provincias pero que el Gobierno no reparte. También reclaman que el Gobierno atienda las deudas y garantice el financiamiento de las cajas previsionales no transferidas a la Anses, un agujero fiscal que desvela a 13 gobernadores.

Fuente La Nación.com