La Justicia tomó una decisión clave en la contienda por quién se encargará de investigar al presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, por el presunto acto de corrupción de haber cobrado 25 mil dólares para fichar a un jugador juvenil.

La maniobra que está en la mira de la Justicia fue expuesta por una cámara oculta exhibida por el programa Telenueve Denuncia.

En base a ello, existen dos expedientes que intentan investigar el mismo hecho: uno, radicado en el fuero de instrucción porteño, está a cargo de la fiscal Mónica Cuñarro, bajo la firma de la jueza Laura Bruniard. El otro, que se encuentra en la Justicia contravencional de la Ciudad, es llevado adelante por el fiscal Maximiliano Vence.

Ante esto, el experimentado penalista Gastón Marano, defensor de Moretti, realizó una presentación en la que alegó un conflicto de competencia y una posible violación a la prohibición de la doble persecución penal, en la que una persona no puede ser investigada en dos causas por el mismo delito. El planteo de Marano frenó, por ejemplo, el llamado a declaración indagatoria realizado por Cuñarro, agendado para el jueves 26 de mayo. Vence, por su parte, llamó a indagatoria él mismo a Moretti a comienzos de este mes.

Ante la jugada de Marano, la fiscal Cuñarro contraatacó con un fuerte escrito, donde señaló un caso de fórum shopping, al haber iniciado el fiscal Vence su causa de oficio.

La magistrada requirió a la Justicia de la Ciudad que se inhiban de continuar la investigación, bajo la firma del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°4. También, deberá remitir los contenidos de su causa -en la que Moretti fue allanado en su departamento de Caballito- al Juzgado N°47, a cargo de Bruniard.

“Resignar la competencia en otro Tribunal respecto de la conducta denunciada en autos, convalidando una actuación por fuera de las facultades jurisdiccionales legalmente asignadas por ley, como ocurriría en apoyo de la postura escogida por la defensa en su planteo, resultaría violatorio de principios fundamentales de la garantía del debido proceso”, razonó la magistrada.

“El derecho al juez natural da certezas a las y los justiciables, garantizándoles que serán juzgados por un tribunal independiente e imparcial. Es así que, el rechazo de la declinatoria de competencia también luce acertado y permitiría zanjar cualquiera de las situaciones planteadas por la señora fiscal en la elaboración de los fundamentos en los que señaló la existencia de un “fórum shopping” precedido de un acuerdo (tácito, explícito o expreso) que obedecería a actos contrarios al espíritu de Justicia”, finalizó. Cuñarro, por su parte, inició su causa tras una denuncia realizada por el abogado César Francis, candidato opositor en San Lorenzo.