La decisión de Axel Kicillof de separar a 24 efectivos policiales desató una tormenta política. Los sancionados tienen vínculos con Maximiliano Bondarenko, excomisario y candidato de La Libertad Avanza en la Tercera Sección Electoral. El gobernador denunció que desde oficinas públicas se impulsaba una “acción conspirativa”.
Patricia Bullrich salió a respaldar públicamente a los policías, acusando al gobierno bonaerense de persecución política y exigiendo su reincorporación. En un acto con tono electoral, aseguró que “no se puede castigar a quienes piensan distinto”.
Kicillof defendió la purga, señalando que “no se trata de opiniones, sino del uso indebido del aparato estatal”. La controversia generó tensiones internas incluso dentro del oficialismo, con sectores que reclamaron más cautela en la medida.
Bondarenko, por su parte, acusó al gobernador de manipular las instituciones y llamó a defender “la verdadera libertad”. El caso escaló rápidamente en la agenda mediática y desplazó otros temas de campaña.
El episodio ilustra cómo la disputa por la seguridad en la provincia se vuelve un campo de batalla político, con el foco puesto en la autonomía de las fuerzas policiales y su relación con sectores partidarios.