Un nuevo escándalo sacude al oficialismo. En distintas provincias del país, funcionarios del PAMI y la ANSES denunciaron presiones para realizar “aportes hormiga” —pequeños porcentajes de sus sueldos— destinados al financiamiento del armado político de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y principal estratega de La Libertad Avanza.

Las denuncias, que ya derivaron en presentaciones judiciales, señalan que dirigentes designados por Karina exigían entre el 10% y el 15% del salario de empleados públicos, bajo amenaza de perder sus cargos. En Misiones, el caso más avanzado, el referente libertario Carlos Adrián Núñez fue acusado de liderar un esquema de recaudación irregular. En Santa Cruz, un exdelegado del PAMI reveló que fue despedido por negarse a obligar a una médica a realizar un aporte económico.

La situación se repite en La Pampa, Chaco y Buenos Aires, donde se investiga el uso de cuentas bancarias particulares para canalizar los fondos. En algunos casos, los funcionarios involucrados también integraban listas de candidatos, lo que refuerza la sospecha de que los aportes eran utilizados para financiar campañas electorales.

Desde el PAMI central, se emitió un comunicado anunciando auditorías internas y prometiendo sanciones si se comprueban irregularidades. “Las delegaciones no serán más una caja negra al servicio de la política”, afirmaron.

El escándalo también involucra a Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem, operadores clave en el armado nacional de Karina Milei. Ambos tienen ascendencia directa sobre las delegaciones del PAMI y la ANSES, y han sido señalados como responsables de coordinar los aportes en distintas jurisdicciones.

Mientras el Gobierno intenta minimizar el impacto, la oposición ya pidió explicaciones en el Congreso y anticipa nuevas denuncias. El caso pone en jaque el discurso anticorrupción del oficialismo y expone las tensiones internas en el armado libertario, donde las lealtades se miden en porcentajes y los cargos se negocian como moneda de cambio.