18 de Abril de 2026
Destacado de la semana / 25-08-2025

Presuntas coimas en la ANDIS: citan a declarar al jefe de Seguridad de Nordelta por encubrimiento





La Justicia federal imputó a Ariel De Vincentis, jefe de Seguridad del barrio cerrado Nordelta, por presunto encubrimiento en la fuga de uno de los empresarios involucrados en el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Fue citado a indagatoria este lunes.

El escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo este fin de semana. El juez federal Sebastián Casanello imputó a Ariel De Vincentis, jefe de Seguridad del exclusivo barrio Nordelta, por el delito de encubrimiento. Según la investigación, habría colaborado en la huida de Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, empresa en el centro de la causa por corrupción en la adjudicación de contratos públicos.

La citación a indagatoria fue solicitada por el fiscal Franco Picardi, quien sostiene que De Vincentis demoró el ingreso de la Policía al barrio cuando intentaban allanar la vivienda de Kovalivker. En el domicilio se encontraron tres cajas de seguridad, una de ellas abierta, lo que sugiere una salida apresurada. Además, el empresario fue interceptado con 266 mil dólares, 7 millones de pesos en efectivo y documentación sensible.

La causa se originó tras la difusión de audios atribuidos al exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se describen maniobras irregulares en la compra de medicamentos y la adjudicación de contratos. En uno de los fragmentos, se menciona un esquema de retornos que presuntamente alcanzaría al entorno presidencial. La Justicia investiga si existieron pagos ilegales a través de la droguería Suizo Argentina, principal proveedora del organismo.

Además de De Vincentis, están implicados otros funcionarios como Daniel Garbellini, exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y los hermanos Kovalivker, quienes manejan la estructura accionaria de la droguería. Mientras Jonathan continúa prófugo, su hermano Emmanuel fue localizado por la Policía, aunque aún no se ha definido su situación procesal.

La investigación avanza con el análisis de los teléfonos celulares y documentos secuestrados en los allanamientos. La expectativa está puesta en determinar si existieron contratos direccionados y pagos de sobornos. El caso ya generó repercusiones políticas, y podría escalar si se confirma la participación de figuras cercanas al Ejecutivo en el esquema de recaudación ilegal.

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