El Gobierno nacional consiguió un fallo judicial que prohíbe la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei. La medida fue dictada por el juez Civil y Comercial Federal Alejandro Patricio Maraniello, tras una denuncia oficial que calificó la filtración como una “operación de inteligencia ilegal” realizada dentro de la Casa Rosada.

La cautelar ordena el cese inmediato de la publicación de los audios “grabados ilegalmente en la Casa de Gobierno”, y alcanza a medios gráficos, audiovisuales, redes sociales y plataformas digitales. Según el vocero presidencial Manuel Adorni, la Justicia reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional, y no un caso de libertad de expresión.

El impacto del fallo cruzó fronteras. En Uruguay, el periodista Eduardo Preve había anticipado la difusión de nuevos audios en su programa “La Tapadita”, pero sus colegas de M24 aclararon que no contaban con material inédito. “No vamos a pasar los audios de Karina Milei. No es censura, simplemente no los tenemos”, explicaron al aire, en medio de especulaciones sobre presiones diplomáticas y legales.

La decisión judicial generó fuertes críticas de organizaciones periodísticas. FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) rechazó la medida por considerarla censura previa, incompatible con la Constitución Nacional y tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica. Además, cuestionó los allanamientos solicitados por el Ministerio de Seguridad a medios como Carnaval Stream, donde se habrían difundido los audios originalmente.

El caso revive tensiones históricas entre privacidad y libertad de prensa. Mientras el Gobierno defiende el fallo como una protección institucional, sectores opositores y organismos de derechos expresivos lo ven como un intento de silenciar voces críticas. En plena campaña electoral, el “Karinagate” se convierte en un símbolo de los límites del poder frente al derecho ciudadano a estar informado.