En una sesión histórica, el Senado de la Nación rechazó por amplia mayoría el veto total del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Con 63 votos afirmativos y solo 7 negativos, la Cámara alta insistió con la sanción original, convirtiendo la norma en ley y marcando la primera vez en más de dos décadas que el Congreso revierte un veto presidencial.

La ley declara la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 y establece medidas clave: actualización mensual de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas según la inflación, cancelación de deudas con prestadores de salud y fijación de las pensiones no contributivas en el 70% del haber mínimo jubilatorio. Además, permite que los beneficiarios puedan trabajar sin perder la pensión, siempre que no superen dos salarios mínimos.

El texto también prevé incentivos para empleadores que contraten personas con certificado de discapacidad por tiempo indeterminado, eximiéndolos del pago del 50% de las contribuciones patronales durante tres años. La Agencia Nacional de Discapacidad deberá realizar auditorías con criterios de salud y análisis socioeconómico, garantizando debido proceso y acceso a la información.

El debate se dio en un clima político tenso, atravesado por denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad y cuestionamientos a la gestión del área. Desde la oposición, senadores de distintos bloques coincidieron en que el veto presidencial representaba un retroceso en derechos y que la ley es una herramienta urgente para garantizar prestaciones dignas y previsibilidad al sector.

Con esta decisión, el Congreso envía una señal de autonomía frente al Ejecutivo y refuerza el compromiso con la protección de los derechos de las personas con discapacidad. La promulgación definitiva de la norma obliga ahora al Gobierno a instrumentar de inmediato las medidas previstas, en un contexto económico y social que exige respuestas rápidas y efectivas.