Consumada la catastrófica derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja quedó en el centro de las acusaciones internas. Señalado por el armado de listas con absoluta discrecionalidad y por privilegiar a dirigentes cercanos, el coordinador bonaerense enfrenta cuestionamientos desde distintos sectores libertarios. Sin embargo, en la Casa Rosada nadie se anima a dar el paso de desplazarlo: su principal carta de negociación es el control de 14 legisladores propios que asumirán el 10 de diciembre.

El temor es claro: si Pareja es corrido, podría replicar el camino de Carlos Kikuchi, quien tras su salida armó un bloque propio y compitió contra la lista oficial. La amenaza de que esos 14 diputados y senadores abandonen el bloque de LLA y se conviertan en un grupo díscolo pesa más que las críticas por la derrota. En la interna, algunos interpretan esta situación como un “blindaje” político otorgado por Karina Milei, su principal sostén dentro del esquema libertario.

La lista de legisladores alineados a Pareja incluye nombres de peso en distintas secciones electorales, como María Luz Bambaci, Maximiliano Bondarenko, Pablo Morillo y Carla Pannelli, entre otros. Varios de ellos ya generaron ruido con declaraciones que incomodaron al oficialismo, como los elogios de Morillo a Axel Kicillof o la autocrítica de Bondarenko sobre el impacto del ajuste en los jubilados. Estos gestos alimentan la percepción de que el bloque responde más a Pareja que a la conducción nacional.

En el Gobierno, la estrategia por ahora es contenerlo y evitar una ruptura que debilite aún más la representación legislativa en la provincia. No obstante, voces internas advierten que, si no se produce un cambio en la coordinación bonaerense, los “fusibles” podrían ser algunos coordinadores locales, con Ramón “Nene” Vera en la mira. La tensión crece y el margen de maniobra se achica, en un contexto donde cada voto en la Legislatura cuenta.

La figura de Pareja sintetiza el dilema que enfrenta La Libertad Avanza en Buenos Aires: sostener a un armador cuestionado para preservar la unidad legislativa o arriesgarse a una fractura que complique la gobernabilidad. Por ahora, la balanza se inclina por la primera opción, aunque el costo político de esa decisión podría sentirse en la próxima contienda electoral.