En una jornada cargada de tensión política, el presidente Javier Milei oficializó el veto a tres leyes aprobadas por el Congreso: la de financiamiento universitario, la de emergencia pediátrica —que incluía partidas para el Hospital Garrahan— y la de reparto automático de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. La decisión, que se conoció ayer por la tarde, fue interpretada como una reafirmación del rumbo fiscal del Gobierno, incluso tras la derrota electoral en Buenos Aires.

La reacción fue inmediata. Gremios docentes universitarios anunciaron un paro nacional de 24 horas para este viernes y convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria. En paralelo, trabajadores de la salud también confirmaron medidas de fuerza y movilizaciones frente al Congreso, donde se espera que la oposición intente revertir los vetos en una sesión especial prevista para el 17 de septiembre.

Desde la Casa Rosada justificaron la medida por el “alto costo fiscal” de las iniciativas, que según el Ejecutivo pondrían en riesgo el equilibrio presupuestario. “No hay plata”, repiten como mantra en el entorno presidencial, que recibió el respaldo del Fondo Monetario Internacional por su “adhesión al ancla fiscal”. Sin embargo, el rechazo a leyes con amplio consenso social volvió a tensar la relación con universidades, hospitales y gobernadores.

El veto a la ley universitaria, que contemplaba actualización por inflación de gastos de funcionamiento y reapertura de paritarias, fue especialmente sensible. La norma había sido aprobada con 158 votos afirmativos, aunque sin alcanzar los dos tercios necesarios para insistir automáticamente. Ahora, el Congreso deberá reunir esa mayoría especial si quiere dejar sin efecto la decisión presidencial.

Con este triple veto, Milei refuerza su perfil confrontativo y su apuesta por gobernar con respaldo técnico más que político. Pero el costo institucional podría ser alto: la tensión con las provincias, el malestar en sectores clave como educación y salud, y la cercanía de la presentación del Presupuesto 2026 configuran un escenario donde cada decisión se vuelve un test de gobernabilidad.