La tensión en Santa Fe alcanzó su punto máximo en las últimas horas tras el colapso de las negociaciones entre el Ministerio de Seguridad y los delegados de las fuerzas policiales. Lo que comenzó como un reclamo administrativo derivó en escenas de alta visibilidad: quema de cubiertas frente a la Jefatura de Policía y "sirenazos" rítmicos que se replicaron en Rosario, Santa Fe capital y Rafaela. La fallida reunión de ayer, donde los funcionarios provinciales mantuvieron una oferta que los agentes consideran "insuficiente ante la escalada inflacionaria", dinamitó cualquier posibilidad de tregua inmediata.

Desde el sector de los uniformados, nucleados en asociaciones que actúan como representación gremial de hecho, aseguran que el malestar no es solo salarial, sino también por el deterioro del equipamiento y la falta de adicionales. "No llegamos a mitad de mes y nos piden que pongamos el pecho en las zonas más calientes", reclamó un vocero de los efectivos en la protesta. El rechazo a la última propuesta oficial puso en jaque la mesa de diálogo y dejó al Gobierno provincial en una posición incómoda, intentando equilibrar las cuentas públicas sin perder el control de la calle.

En la Casa Gris, la postura se endureció. Fuentes oficiales calificaron las medidas de fuerza como "ilegales" y recordaron que la policía no tiene derecho a la sindicación ni a la huelga por estatuto. Sin embargo, el tono desafiante de los efectivos, que incluye el cese de tareas administrativas y la limitación de patrullajes preventivos en ciertos puntos críticos, obligó al Gabinete provincial a declarar el estado de alerta permanente. Los funcionarios temen que, de prolongarse el conflicto, la seguridad pública quede en un vacío peligroso frente a las bandas criminales que operan en la provincia.

El conflicto en Santa Fe encendió las alarmas en los despachos de Balcarce 50 y en otras gobernaciones. Existe un creciente temor por un "efecto contagio" que traslade el reclamo a provincias vecinas o incluso a la Provincia de Buenos Aires, donde el humor social en las fuerzas de seguridad suele ser un termómetro de la estabilidad política. El Ministerio de Seguridad de la Nación monitorea minuto a minuto la situación, evaluando si será necesario el envío de fuerzas federales para garantizar la custodia de objetivos estratégicos ante la merma operativa de la policía local.

La incertidumbre domina el escenario para las próximas 24 horas. Mientras los delegados policiales prometen profundizar las medidas si no aparece una "oferta superadora", el Gobierno de Santa Fe apuesta al desgaste de la protesta y a posibles sanciones administrativas para desactivar los focos de conflicto. Con la sociedad santafesina como rehén de una puja de poder que no encuentra cauce, la resolución del conflicto parece estar atada a una decisión política de alto nivel que logre destrabar una paritaria que hoy se lee en clave de crisis institucional.