Arroyo Salgado volvió a instalar la hipótesis de que la muerte de Nisman no puede analizarse de manera aislada. Según sus declaraciones, el caso está ligado a intereses económicos vinculados a Yacimientos Carboníferos Río Turbio y a la participación de un reducido grupo de agentes de inteligencia que operaban bajo la órbita del Gobierno en aquel momento.

La magistrada señaló que la investigación debe profundizar en las maniobras financieras y en el rol de determinados funcionarios que habrían buscado silenciar al fiscal. En su visión, la trama excede el departamento de Puerto Madero y se conecta con negocios estatales de gran magnitud.

Hasta el momento, el único procesado en la causa es Diego Lagomarsino, señalado como la persona que entregó el arma utilizada en el hecho. Sin embargo, la Justicia intenta esclarecer la actuación de un pequeño grupo de agentes de inteligencia que estuvieron en las inmediaciones del edificio días antes del crimen.

La jueza remarcó que las pruebas sobre movimientos de espías en la zona son un indicio que no puede ser desestimado. Para ella, la presencia de esos agentes refuerza la hipótesis de un asesinato planificado y vinculado a estructuras estatales.

En paralelo, la causa judicial sigue sin avances sustanciales. A más de una década del hecho, las líneas de investigación se mantienen abiertas, pero sin imputaciones concretas contra los posibles responsables políticos o empresariales que, según Arroyo Salgado, estarían detrás del crimen.

La vinculación con YCRT y los servicios de inteligencia abre un nuevo capítulo en la discusión pública sobre el caso Nisman. La jueza insiste en que la muerte del fiscal debe ser entendida como parte de una trama de corrupción y poder que aún no ha sido desentrañada por completo.