La resolución establece un nuevo esquema de control intramuros, con tecnología que permitirá identificar y bloquear de manera más efectiva los dispositivos móviles que ingresan de forma clandestina. El objetivo es cortar el funcionamiento de los llamados “call centers del delito”, utilizados para estafas telefónicas y coordinaciones criminales.

Según el organismo, la medida se aplicará de manera progresiva en las principales unidades penitenciarias del país. Se trata de un sistema que combina antenas de detección y software especializado para impedir la conexión de celulares no autorizados a las redes de telefonía.

El Enacom explicó que el bloqueo no afectará a las comunicaciones oficiales ni a los sistemas de emergencia dentro de los penales. El foco está puesto en las líneas móviles que se utilizan de manera irregular y que representan un riesgo para la seguridad pública.

En los últimos años, las autoridades detectaron un incremento de delitos organizados desde las cárceles, especialmente estafas virtuales y extorsiones. Los internos utilizaban celulares para contactar víctimas y coordinar operaciones con cómplices en libertad.

La nueva disposición busca cerrar esa brecha tecnológica y reducir la capacidad de acción de las organizaciones criminales. “El uso de celulares en las cárceles es una amenaza directa a la seguridad de los ciudadanos”, señalaron fuentes oficiales.

Con esta medida, el Gobierno intenta dar respuesta a un reclamo histórico de jueces y fiscales, que advertían sobre la falta de control en las comunicaciones intramuros. El desafío ahora será garantizar la implementación efectiva y evitar que los dispositivos sigan ingresando por vías ilegales.