El Fondo Monetario Internacional volvió a poner el foco sobre las estadísticas oficiales argentinas y cuestionó la metodología con la que el INDEC mide la inflación. En su último informe técnico sobre la economía argentina, el organismo sostuvo que el Índice de Precios al Consumidor se encuentra "desactualizado" y pidió avanzar en una nueva ley que garantice mayor independencia para el instituto estadístico. La observación forma parte del documento elaborado por el staff del Fondo en el marco del seguimiento del acuerdo vigente con el gobierno de Javier Milei, publicado días después de que el organismo aprobara la segunda revisión del programa y habilitara un desembolso de mil millones de dólares, según informó MDZ Online.

Según los técnicos del organismo, "el retraso prolongado en la actualización del dato de inflación ha dejado la metodología desactualizada y menos representativa de la canasta de consumo actual". El señalamiento es contundente: el termómetro oficial no refleja la economía real del 2026 sino la de hace dos décadas, y el FMI lo dice con todas las letras en el mismo documento que avala el programa económico del Gobierno.

El punto de fricción central radica en la "prolongada demora" para actualizar la metodología del IPC. Actualmente, el indicador se rige por una estructura de consumo basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004 y 2005, lo que el Fondo califica como una "metodología desactualizada y menos representativa". El nuevo índice elaborado por el INDEC incorporaba datos de la ENGHo 2017/2018 y consumos hoy centrales como servicios digitales, plataformas de streaming e internet, que directamente no existían cuando se armó la canasta vigente.

La actualización de las canastas de consumo quedó paralizada tras la salida de Marco Lavagna de la dirección del INDEC y la posterior designación de Pedro Lines al frente del organismo por decisión del ministro Luis Caputo. Desde el entorno presidencial se esgrimió una objeción técnica para frenar el cambio: se cuestionó que Lavagna impulsara la actualización del IPC con ponderadores armados con "precios distorsionados". La disputa técnica tuvo, en la práctica, consecuencias políticas claras: un director que sale y un índice que no se actualiza.

El Gobierno evita introducir modificaciones en un año electoral debido al posible impacto que podría tener sobre la medición de la inflación y las negociaciones salariales. En la nueva canasta, los servicios ganan mayor peso entre los ponderadores y podrían impactar al alza en el índice oficial de precios. Eso, en un año en que el Gobierno usa la baja de la inflación como principal argumento electoral, es una variable que Caputo prefiere no activar.

El informe del FMI recoge también la postura del Gobierno respecto de la implementación del nuevo índice: la publicación del IPC actualizado quedará sujeta a la consolidación del proceso de desaceleración de precios. "Las autoridades prevén publicar el IPC actualizado una vez que el proceso de desinflación esté firmemente consolidado, con asistencia técnica del Fondo para continuar fortaleciendo los arreglos institucionales de las estadísticas oficiales en línea con las mejores prácticas internacionales", señala el texto.

Además del cuestionamiento estadístico, el FMI aprovechó el staff report para reiterar sus exigencias estructurales al Gobierno: pidió liberar más el cepo cambiario y avanzar con las reformas tributaria y previsional. Un paquete de pedidos que, en su conjunto, define el contorno de las tensiones que aún quedan sin resolver entre el organismo y la administración Milei, más allá del acuerdo firmado y de los desembolsos aprobados.