Todo empezó como un robo en un depósito de fibra óptica de ARSAT en San Fernando, pero a medida que la investigación avanzó afloraron pruebas que complican a funcionarios en delitos de corrupción. El 4 de enero de 2024, empleados de ARSAT descubrieron que en 15 contenedores faltaban flejes de cobre y componentes internos de equipos de fibra óptica. No fue un robo sencillo: Marcelo Garozzo, del área de Infraestructura de ARSAT, declaró que un asalto semejante requirió escaleras, herramientas especiales y varios días de trabajo durante el horario diurno. Las cámaras de seguridad del predio no funcionaban y el cerco eléctrico perimetral llevaba tiempo cortado.

Lo que comenzó como una investigación por el robo de equipamiento de alto valor en el depósito de San Fernando, rápidamente escaló para revelar un esquema de posibles direccionamiento de contratos, sobreprecios y pagos de coimas que involucra a una decena de personas y a la empresa Argentina Logistic Services. La causa quedó a cargo del juez federal de San Isidro Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, quienes ordenaron los allanamientos que derivaron en la detención del principal imputado.

La investigación por corrupción en la empresa ARSAT derivó en la detención del ex titular del organismo, Facundo Leal, a quien le encontraron droga y más de dos millones de dólares en sus domicilios. En su departamento de Palermo, la Policía Federal halló cerca de 650.000 dólares en efectivo y diversas drogas, incluyendo ketamina, MDMA y cocaína, mientras que en su domicilio de Mendoza se secuestraron otros 1,7 millones de dólares. Un hallazgo que convirtió la causa en escándalo nacional de un día para otro.

El análisis de las declaraciones juradas presentadas por Leal ante la Oficina Anticorrupción muestra un crecimiento patrimonial que se multiplicó por nueve en un período de cuatro años. En 2021 declaró bienes por 58 millones de pesos, cifra que ascendió abruptamente a 340,8 millones al cierre de 2023 y alcanzó los 528 millones de pesos en su última presentación de 2025. El incremento principal coincidió con las fechas de firma de las prórrogas contractuales investigadas. Mensajes recuperados por los investigadores documentan el presunto circuito de retornos y pagos ilícitos entre los empresarios beneficiados y los funcionarios públicos.

La causa apunta contra un grupo de funcionarios conocidos internamente como "la banda de los mendocinos", acusados de direccionamiento de contratos, sobreprecios y cobro de coimas. Entre los investigados figura Gerardo Boschin, quien fue presidente de Trenes Argentinos en la gestión de Javier Milei hasta enero y se desempeñó como gerente de compras de ARSAT durante el gobierno de Alberto Fernández. Las investigaciones apuntan a un presunto direccionamiento de contratos que incluyó pagos ilegales y sobreprecios, en el cual Boschin tendría un rol central.

En las últimas horas, la fiscalía formalizó la audiencia de declaración indagatoria, aunque Leal se amparó en sus derechos constitucionales y no aportó datos sobre los bienes incautados. El juez federal Lino Mirabelli decretó el secreto de sumario estricto sobre las actuaciones de la causa. Al momento de los allanamientos, Leal continuaba vinculado a ARSAT como empleado de planta permanente, a pesar de que su renuncia al ORSNA se había formalizado a fines de febrero de 2026. Un caso que cruza dos gestiones, trepa hasta los niveles más altos del Estado y llega con 2,5 millones de dólares en efectivo como evidencia más contundente.