Una estricta interpretación de la Ley Provincial 14.798 mantiene a los administradores de consorcios y vecinos en la duda de si es realmente obligatorio contratar guardavidas para la pileta. La respuesta legal es tajante y la obligación es total. Sin embargo, su aplicación práctica en el día a día comunitario abre una enorme grieta entre la seguridad y los costos inalcanzables. La norma, sancionada en 2015 y reglamentada por el Decreto 2551/2015, volvió a encender el debate a medida que se acerca la temporada de verano y los consorcios empiezan a evaluar si pueden o no abrir sus piscinas.

La Ley Provincial N° 14.798 volvió a poner bajo presión a los consorcios porque exige servicio de guardavidas en todas las piletas de uso común, sin distinguir dimensiones ni capacidad. La norma contempla una única excepción: las piscinas de uso familiar exclusivo. Eso significa que la pileta de un edificio de diez pisos con doce unidades tiene la misma obligación legal que un complejo acuático comercial: guardavidas matriculados, equipamiento de emergencia y cobertura durante toda la temporada.

La ley exige dos guardavidas por cada 100 personas o fracción para natatorios o ámbitos acuáticos. El período mínimo de prestación de servicios es de 150 días corridos, con una jornada laboral de seis horas diarias corridas. Si la pileta se abre 12 horas al día, se debe contratar al menos dos guardavidas para cubrir los turnos. Además del sueldo básico fijado por paritarias, los empleadores deben costear aportes previsionales, adicionales por tareas riesgosas, la indumentaria reglamentaria anual y elementos de seguridad que incluyen desde botiquín y tablas espinales hasta un desfibrilador automático. Un esquema de costos que para la mayoría de los consorcios pequeños resulta directamente inviable.

Ariel Coppari, presidente de la Cámara de Administradores de Consorcios, fue contundente al describir el efecto real de la norma sobre las decisiones de los administradores: "Los administradores plantean el tema, no les aprueban el gasto y optan por cerrar la pileta. Algunos la cierran y otros directamente la llenan de tierra. No las pueden mantener." La frase, reproducida por Radio Mitre, grafica con crudeza el dilema al que se enfrentan miles de consorcios de la provincia: cumplir la ley implica un gasto que la mayoría de los copropietarios no está dispuesta a aprobar en asamblea.

Dejar la pileta abierta sin la presencia de guardavidas matriculados implica exponer al consorcio a multas severas por parte de las autoridades de control y, lo que es peor, a graves responsabilidades penales y civiles para el administrador y los propietarios en caso de que ocurra un accidente. El administrador queda atrapado entre dos fuegos: si abre la pileta sin guardavidas, arriesga su matrícula y enfrenta consecuencias legales. Si la cierra, los vecinos reclaman. Y si contrata el personal exigido, las expensas se van a las nubes.

Las piletas de edificios y countries aparecen llenas de agua, pero vacías de vecinos en la provincia de Buenos Aires, en respuesta a la legislación que aumentaría las expensas exponencialmente por la contratación de guardavidas. El fenómeno ya tiene nombre propio en el mundo de la administración de propiedades: la "pileta muerta", ese espacio que existe en el plano del edificio, figura en el reglamento y aparece en las fotos del cartel inmobiliario, pero al que nadie puede entrar porque el consorcio no puede financiar lo que la ley exige para habilitarla.

La situación pone sobre la mesa una pregunta que ningún legislador parece haber respondido cuando se sancionó la norma: ¿tiene sentido aplicar los mismos estándares de seguridad a una pileta de 20 metros cuadrados en la terraza de un edificio que a un natatorio de 500 metros cuadrados en un club deportivo? Desde el sector de los administradores la respuesta es un no rotundo. Y mientras el debate sigue sin resolverse, las expensas suben, las piletas se cierran y el verano bonaerense se prepara para una nueva temporada de piscinas valladas.