Para citarlo a indagatoria, Marijuán deberá pedir su desafuero a la Legislatura. Pero además, la Justicia bonaerense podría solicitarle al fiscal que le remita la causa, si en ella aparece involucrado el banco oficial de la provincia. El paso no es menor: Adorni llegó a la Legislatura bonaerense por la Octava Sección Electoral con los fueros que blindan a todo legislador en ejercicio, por lo que cualquier avance procesal de fondo necesita primero el aval de sus propios pares.

El fiscal Guillermo Marijuán comenzó a investigar a Francisco a raíz de una denuncia de la diputada del bloque Coherencia, Marcela Pagano, contra el legislador libertario. Por eso, el fiscal investiga las declaraciones juradas del diputado bonaerense, que también fue funcionario del Ministerio de Defensa, por presuntas diferencias entre 2023 y 2024. El expediente avanza en paralelo a sucesivas rectificaciones que el propio Adorni fue presentando ante la Oficina Anticorrupción a medida que la causa sumaba presión.

El defensor de Francisco Adorni ejemplificó su explicación con un crédito de $60 millones que pidió el legislador y sigue en curso, "no se canceló". "No existe el delito, no hay irregularidad", insistió su abogado Marcelo Peña. Sin embargo, la sucesión de correcciones patrimoniales contradice esa lectura inicial: primero reconoció una "omisión en la declaración jurada" sobre la valuación de su vivienda en City Bell, después incorporó una herencia de $21 millones que no había declarado, y más tarde volvió a modificar el valor de esa misma propiedad.

Francisco Adorni es contador público egresado de la Universidad Nacional de La Plata y se especializó en Administración Financiera y Control del Sector Público. Aunque mantuvo un bajo perfil durante dos décadas, su carrera estuvo siempre ligada a organismos estatales: ingresó en 2002 a la Secretaría de Hacienda de Ezeiza y trabajó casi 20 años en el área administrativa del Consejo de la Magistratura bonaerense. Ese antecedente, que la propia oposición destacó al difundirse el caso, resulta llamativo: el diputado conoce de cerca la dinámica de las declaraciones juradas y los mecanismos de control patrimonial desde su paso por uno de los organismos que precisamente administra ese tipo de trámites para jueces y funcionarios judiciales.

El dictamen de Marijuan es preciso respecto al período bajo la lupa: "La investigación tendrá por objeto la hipótesis sobre el presunto incremento patrimonial no justificado de Francisco Jorge Adorni, que habría tenido lugar en el lapso de tiempo en que se viene desempeñando con funciones en el ámbito ejecutivo nacional, esto es, desde el mes de diciembre de 2023 en que había asumido el cargo de Titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa de la Nación". Después, en junio de 2025, fue promovido al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares, hasta asumir como diputado bonaerense en diciembre pasado.

De acuerdo con la última declaración jurada rectificada, Francisco Adorni informó un patrimonio de $102,7 millones al cierre de 2025, frente a los $62,3 millones declarados al inicio del mismo período. Esa evolución, sumada a las sucesivas correcciones y omisiones detectadas en los anexos presentados ante la Oficina Anticorrupción, es la que ahora sostiene el pedido de indagatoria del fiscal: ya no se trataría solo de un incremento patrimonial sin justificar, sino de declaraciones que, según su hipótesis, contendrían datos falsos presentados de manera deliberada.

A tres semanas de la presencia del jefe del Gabinete en la quema de drogas, Guillermo Marijuán aceptó investigar la denuncia por enriquecimiento ilícito presentada por Marcela Pagano contra su hermano, Francisco Adorni. El caso corre por una vía separada de la causa que investiga a Manuel Adorni por su propio patrimonio, aunque ambos expedientes alimentan el mismo frente de desgaste político para una familia que llegó al poder con el discurso de la batalla contra "la casta" y hoy enfrenta dos investigaciones judiciales paralelas por presunto enriquecimiento ilícito.