El gobierno de Javier Milei tomó distancia de la promesa que hizo la vicepresidente Victoria Villarruel de promover la reapertura de las causas por crímenes cometidos por las organizaciones guerrilleras en los años 70, en el marco de un acto en el Senado convocado en el marco del Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo, que se conmemora todos los 21 de agosto.

Villarruel habló en un homenaje emotivo, donde disertaron víctimas que plantearon que hasta ahora no eran escuchadas o no tenían un reconocimiento por parte del Estado similar al que tuvieron aquellas personas que fueron blanco del terrorismo de Estado. Fueron testimonios cargados de dolor y tristeza, no sólo por la ausencia, sino por la indiferencia que sintieron las últimas décadas y la impunidad por esos crímenes. Un evento en el que, sin embargo, se evitó pronunciar una condena a los innegables delitos de lesa humanidad perpetrados en los años de plomo por uniformados.

Más allá de las intenciones de la vicepresidente, el acto ocurrió también en momentos en que el Congreso está sacudido por las consecuencias políticas de la reunión que organizaron un grupo de diputados libertarios en la cárcel de Ezeiza, con ex militares condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, entre ellos Alfredo Astiz. Ese tema es uno de los tantos que diferencian a Villarruel de Milei y que trae al centro de la escena una controversia de la que el Presidente se quiere mantener lejos: los años 70 y la dictadura. “Esa no es mi agenda”, aclaró Milei días atrás.

 Fuente Infobae