El abogado y catedrático Manuel García-Mansilla, quien había asumido su puesto en la Corte Suprema de Justicia el pasado 27 de febrero, presentó hoy la renuncia indeclinable a su cargo, apenas 39 días después de haber jurado en el alto tribunal. La decisión llega en un contexto de alta tensión política y jurídica, marcado por el rechazo de su pliego en el Senado y una medida cautelar que le prohibía firmar resoluciones. La renuncia de García-Mansilla deja nuevamente a la Corte con tres integrantes: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

La breve trayectoria de García-Mansilla en el máximo tribunal comenzó con su designación mediante el decreto 137/25, firmado por el presidente Javier Milei el pasado 25 de febrero. Este decreto también incluyó la designación del juez federal Ariel Lijo, aunque este último no asumió el cargo tras negarse a renunciar a su puesto actual, una condición impuesta por la Corte Suprema para aceptar su incorporación.

La extensa carta plantea básicamente varias cuestiones o ejes relacionados: las razones por las que asumió en comisión, donde aclara que se tergiversó su afirmación de que no lo haría; la dificultad institucional de una Corte Suprema funcionando solo con tres miembros; la demora del Senado en tratar los pliegos; y la validez de la decisión del PEN.

El rechazo a la medida cautelar

El pasado jueves, el Senado rechazó por amplia mayoría los pliegos de García-Mansilla y Lijo, lo que intensificó las presiones sobre el primero para que abandonara su cargo. Poco después de la votación, el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, firmó una medida cautelar que ordenaba a García-Mansilla abstenerse de firmar resoluciones o medidas administrativas por un plazo de 90 días, hasta que se resolviera la legalidad del decreto presidencial que lo había designado.