La reciente escalada del dólar, que rozó los $1.380 y se acercó peligrosamente al techo de la banda cambiaria acordada con el FMI, obligó al Gobierno a aplicar medidas ortodoxas para frenar la presión. Se elevaron las tasas de interés a niveles récord —hasta 60% anual— y se aumentaron los encajes bancarios al 40%, restringiendo la liquidez del sistema financiero.

Aunque en julio el impacto inflacionario fue mínimo, con un índice cercano al 1,6%, agosto promete un escenario distinto. Sectores como el automotor ya aplicaron aumentos del 5% y los supermercados comenzaron a recibir nuevas listas de precios. Analistas como Andrés Borenstein estiman que la inflación mensual podría ubicarse en torno al 2,2%, marcando una pausa en el proceso de desinflación.

El endurecimiento monetario también afecta la actividad económica. Las tasas elevadas y la menor oferta de crédito golpean el consumo de las familias y la inversión de las empresas. Indicadores recientes muestran un patrón de estancamiento, sin lograr superar el nivel de actividad alcanzado en 2017. Además, crece la morosidad en préstamos personales y tarjetas de crédito, y se disparan los cheques rechazados.

El FMI elogió algunos aspectos del plan económico, pero advirtió sobre la debilidad en la acumulación de reservas y el aumento del déficit fiscal. El organismo redujo la meta de reservas en USD 5.000 millones, pero pidió mayor disciplina fiscal y cuestionó proyectos que aumentan el gasto sin respaldo de ingresos, como los aumentos jubilatorios impulsados por la oposición.

En este contexto, el Gobierno apuesta a que la ortodoxia monetaria estabilice el tipo de cambio y contenga la inflación. Sin embargo, el costo económico y social de esta estrategia empieza a hacerse sentir, y los próximos meses serán clave para evaluar su sostenibilidad.