El Ejecutivo dispuso la eliminación del sistema de control estatal sobre los aranceles de los colegios privados, una medida que pone fin a más de tres décadas de supervisión en la fijación de matrículas y cuotas. La decisión fue oficializada a través del Decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial, y deroga el histórico Decreto 2417/1993, que obligaba a los institutos a informar y justificar cada aumento ante el Estado.

Según los fundamentos del nuevo decreto, el esquema anterior “limitaba la capacidad de adaptación de los institutos a las fluctuaciones del mercado” y generaba obstáculos para la sostenibilidad de la gestión privada. Con la desregulación, los colegios podrán ajustar los valores de sus cuotas y matrículas en función de sus costos operativos y de la realidad económica, sin requerir autorización previa.

El Gobierno argumentó que la medida busca “favorecer un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos privados, asegurando la sostenibilidad de su labor y el derecho a una educación de calidad”. En la práctica, esto significa que cada institución tendrá autonomía para definir sus precios, lo que abre un nuevo escenario en el vínculo entre familias y escuelas privadas.

La decisión generó debate en el ámbito educativo. Mientras las cámaras que agrupan a colegios privados celebraron la flexibilización como un paso hacia la modernización del sistema, sectores de padres y gremios docentes advirtieron que la medida podría derivar en aumentos significativos de las cuotas y en una mayor desigualdad en el acceso a la educación.

El cambio marca un hito en la política educativa argentina: tras 30 años de control estatal, los colegios privados recuperan la potestad de fijar sus aranceles sin intervención del Gobierno. El impacto real de la medida se verá en los próximos meses, cuando las instituciones comiencen a definir sus valores para el ciclo lectivo 2026.