El conflicto gremial en la empresa Lustramax escaló en los últimos días tras el despido de trabajadores y delegados sindicales. Los empleados denunciaron la presencia de un “operativo ilegal” de la Gendarmería Nacional en las inmediaciones de la planta de Tortuguitas, señalando que esa fuerza no tiene jurisdicción para actuar en la provincia de Buenos Aires. Según los trabajadores, el despliegue buscó amedrentar al personal en lucha y garantizar la continuidad de los despidos.

Desde la conducción de la firma, en cambio, se alertó por un clima de amenazas y “extorsión” por parte de un sector de los obreros. Voceros empresariales sostuvieron que algunos delegados habrían presionado a la compañía con exigencias económicas y prácticas que exceden lo gremial. En ese marco, la empresa decidió desconocer la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, lo que profundizó la tensión.

Los trabajadores, por su parte, desmintieron las acusaciones de extorsión y remarcaron que el conflicto se origina en condiciones de precarización laboral y deudas salariales. “Cuando ingresamos trabajábamos en condiciones esclavistas, con jornadas de más de diez horas y sin derechos básicos”, señalaron algunos empleados en declaraciones públicas. Además, acusaron a la empresa de perseguirlos por motivos sindicales y de intentar avanzar con medidas de flexibilización.

El despliegue de Gendarmería generó un fuerte rechazo en sectores gremiales y políticos, que denunciaron la participación de la senadora Florencia Arietto en el operativo. Para los trabajadores, la presencia de fuerzas federales constituye un intento de criminalizar la protesta y disciplinar a los delegados que encabezan la resistencia. La situación derivó en movilizaciones y cortes en la zona, con apoyo de organizaciones sindicales y sociales.

El conflicto en Lustramax refleja las tensiones crecientes en el mundo laboral bonaerense, donde los despidos, la precarización y la intervención de fuerzas de seguridad se convierten en un escenario de disputa política y gremial. Con denuncias cruzadas de “operativo ilegal” y “extorsión”, la resolución del caso dependerá de la capacidad de las autoridades para garantizar el cumplimiento de la conciliación obligatoria y encauzar el diálogo entre las partes.