La Prefectura Naval Argentina notificó e intimó individualmente a los profesionales incluidos en el anexo del edicto a la inmediata puesta a disposición de sus servicios de practicaje y pilotaje para cumplir de manera regular y reglamentaria las funciones previstas en el Decreto 690/2026. Frente al incumplimiento de la medida, advirtió que será objeto de sanciones disciplinarias y penales.

El Decreto 690/2026, publicado en el Boletín Oficial el 31 de julio y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, reemplaza al Decreto 2694/91 que regulaba el practicaje desde hacía más de 34 años. El texto argumenta que muchas disposiciones quedaron obsoletas a causa del avance tecnológico y que impedían la incorporación de nuevos prestadores al servicio público de practicaje. La desregulación apunta a abrir el sector a la competencia para que la tarifa la fije el mercado.

El Centro de Navegación, la cámara que reúne a las agencias marítimas responsables de más del 80% de las cargas del comercio exterior argentino, formalizó su alarma ante la Prefectura mediante una nota firmada por su presidente, Julio Delfino. Al momento de la presentación se contabilizaban al menos 140 buques a la espera de la confirmación del servicio, una cifra que seguirá creciendo con las embarcaciones pautadas para entrar y salir de la Vía Navegable Troncal.

La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante calificó a la norma de inconstitucional y anticipó que presentará una Acción Declarativa de Certeza y una Acción de Amparo en la Justicia Federal para frenar su aplicación, además de una denuncia penal por una eventual afectación a la seguridad de la navegación. Junto con la Cámara de Practicaje y la Asociación Civil de Prácticos, sostienen que los cambios podrían derivar en un deterioro de las condiciones de seguridad y de trabajo en el sector.

Los prácticos alegan que el decreto del ministro Sturzenegger pone en riesgo la seguridad de navegación. El practicaje es el servicio mediante el cual profesionales especializados asesoran a los capitanes para navegar y maniobrar buques de manera segura en puertos, ríos y canales. Son el eslabón fundamental de cada operación de ingreso y salida de los barcos mercantes.

El propio decreto contempla un mecanismo para estas situaciones excepcionales: autoriza a la Prefectura y, en casos de extrema gravedad, a la Armada, a hacerse cargo directamente del servicio. El conflicto se siente con más fuerza en los puertos del Gran Rosario, San Lorenzo, Timbúes y Puerto General San Martín, el corazón de las exportaciones agroindustriales del país, donde algunos buques ya esperan turno fondeados en el río sin poder completar sus operaciones.