La crisis política en la provincia de Córdoba escaló vertiginosamente tras la detención de un colaborador directo del legislador provincial Ernesto Flores, en el marco de una causa judicial que investiga una red de explotación sexual infantil. La gravedad de la investigación causó una fuerte conmoción institucional en la Unicameral cordobesa, donde diversos sectores del arco político comenzaron a exigir una respuesta contundente por parte del dirigente implicado.

En las últimas horas, la presión política sumó un apoyo de enorme peso con el pronunciamiento de la senadora nacional Alejandra Vigo, esposa del exgobernador Juan Schiaretti. La referente del oficialismo cordobés reclamó de manera tajante la renuncia inmediata de Flores a su banca, señalando que la gravedad de las imputaciones y la cercanía de los involucrados tornan insostenible su permanencia en el cuerpo legislativo mientras avanza la causa.

La investigación judicial, que ya acumula un total de 15 personas imputadas por diversos delitos vinculados a la captación y abuso de menores, sacó a la luz una trama compleja que operaba en distintos puntos de la provincia. La aprehensión del asesor parlamentario reactivó los pedidos para acelerar la quita de fueros y avanzar en la expulsión del legislador si no formaliza su dimisión en las próximas horas.

Desde la oposición en la Legislatura provincial acompañaron de forma unánime los reclamos de renuncia y solicitaron la conformación urgente de una comisión de ética para evaluar la conducta del funcionario. Los distintos bloques coincidieron en señalar la necesidad de que la justicia actúe con la máxima celeridad y sin ningún tipo de condicionamiento ni privilegios políticos para los acusados.

Por su parte, la fiscalía a cargo del expediente continúa recolectando pruebas, peritando dispositivos electrónicos secuestrados en los múltiples allanamientos y tomando declaración a testigos clave para determinar el alcance real de la red. No se descartan nuevas detenciones a medida que los peritos informáticos avancen sobre el material secuestrado en los procedimientos.

El caso genera un profundo impacto en la escena política cordobesa, donde las máximas autoridades provinciales buscan dar una señal clara de tolerancia cero frente a delitos de semejante aberración. Mientras la causa judicial suma nuevos elementos de prueba, la continuidad parlamentaria de Flores parece tener las horas contadas en medio del aislamiento político generalizado.