La jueza Marta Elba Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, rompió el silencio tras firmar la medida cautelar que frenó de manera preventiva la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. En sus primeras declaraciones públicas, la magistrada fundamentó su decisión de suspender por 60 días la normativa que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, al sostener que la infraestructura bonaerense actual no se encuentra en condiciones de absorber las nuevas exigencias del marco legal.  

En sus reflexiones sobre el rol de la administración de justicia, la jueza se definió conceptualmente dentro de una doctrina garantista centrada en la protección de los derechos de la infancia. Durante la entrevista, la funcionaria judicial cuestionó el paradigma del encierro como respuesta punitiva frente al delito adolescente, remarcando su postura crítica sobre las condiciones de detención y afirmando que le resulta "pésimo" que los menores de edad permanezcan enrejados en el sistema penitenciario tradicional.  

Respecto a los argumentos técnicos del fallo dictado tras hacer lugar a un recurso de hábeas corpus, Pascual precisó que la cautelar busca otorgarle un plazo al Poder Ejecutivo provincial para que adecue los centros de contención y los recursos operativos. La magistrada aclaró que no se opone al espíritu legislativo ni a la baja en la edad de imputabilidad aprobada por el Congreso, sino que actuó en base al principio precautorio para evitar la vulneración masiva de garantías constitucionales por falta de plazas acordes.  

Las explicaciones de la titular del juzgado lomense se produjeron en el marco de una fuerte controversia entre la Casa Rosada y las autoridades bonaerenses por la viabilidad del régimen. Mientras sectores del oficialismo nacional tildaron la suspensión como un obstáculo judicial a la política de seguridad, la jueza remarcó que aplicar la normativa de forma intempestiva terminaría agravando la superpoblación y el deterioro de los establecimientos dedicados a la responsabilidad juvenil.

Asimismo, Pascual convocó a una audiencia obligatoria a las autoridades de las áreas ministeriales de la provincia de Buenos Aires para monitorear el avance de las partidas presupuestarias y los planes de adecuación edilicia. El objetivo del encuentro será determinar si, al cabo del período de suspensión de dos meses, el Estado provincial reunirá los estándares mínimos necesarios para encarar el procesamiento y la contención de los nuevos franjas etarias punibles.

La irrupción de la jueza en el debate público añadió tensión política a la puesta en marcha de la reforma penal juvenil en el principal distrito del país. A la espera de que la provincia responda a los requerimientos del juzgado, la resolución cautelar mantiene congelada la operatividad del nuevo esquema nacional en el fuero penal bonaerense, dejando la discusión abierta entre los planteos judiciales y los reclamos del Poder Ejecutivo.