El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires elevó al máximo la tensión institucional con el Poder Judicial tras las controvertidas declaraciones y fallos de una magistrada porteña respecto al debate sobre el régimen de responsabilidad penal juvenil. El ministro de Justicia de CABA, Gabino Tapia, anunció públicamente que impulsará de manera personal una presentación para promover el juicio político —o jury de enjuiciamiento— contra la jueza que cuestionó la viabilidad de la baja en la edad de imputabilidad para los menores que cometen delitos graves.

El funcionario porteño expresó la dura postura de la administración local ante el criterio adoptado por la integrante del fuero penal y contencioso. “Estamos indignados”, sentenció Tapia al fundamentar la decisión política, al tiempo que remarcó que las opiniones manifestadas por la magistrada comprometen la imparcialidad del proceso y contradicen los marcos normativos vigentes que buscan dar respuesta al incremento de hechos delictivos perpetrados por adolescentes.

En simultáneo con la acción disciplinaria que se elevará ante el Consejo de la Magistratura porteño, la Fiscalía General de la Ciudad presentó formalmente un recurso de apelación contra la resolución judicial dictada por la magistrada. El Ministerio Público Fiscal busca revocar de manera urgente la medida que benefició a un imputado menor de edad, solicitando que la Cámara de Apelaciones intervenga para reencauzar la causa bajo las pautas de severidad requeridas.

Desde el Gabinete porteño remarcaron que el accionar judicial cuestionado va en contra de la doctrina de seguridad y combate contra la impunidad que promueve la gestión comunal. Según expresaron fuentes oficiales, las decisiones que desestiman la responsabilidad penal juvenil generan un peligroso antecedente y desprotegen a los vecinos frente a la reiteración de hechos delictivos cometidos por bandas integradas por menores.

La iniciativa impulsada por el Ministerio de Justicia reabrió un caluroso debate político e institucional entre los distintos estamentos del Estado y las asociaciones de magistrados de la Capital Federal. Mientras desde el oficialismo porteño insisten en la necesidad de aplicar sanciones disciplinarias firmes para evitar excesos de garantismo, diversos sectores del ámbito judicial advierten sobre la importancia de preservar la independencia de criterio de los jueces frente a las presiones del poder político.

La resolución del conflicto quedará ahora en manos del organismo encargado de enjuiciar a los magistrados y de la alzada judicial que deberá expedirse sobre la apelación fiscal. En los próximos días, la presentación del jury marcará un nuevo hito en la discusión pública sobre las reformas penales y las estrategias de seguridad que la administración de la Ciudad busca consolidar para combatir el delito.