Un grave escándalo institucional sacude al municipio de San Isidro tras salir a la luz la denuncia pública y administrativa de Daniela Cali, una empleada de planta permanente con 14 años de trayectoria y exjefa de departamento en el Concejo Deliberante. La trabajadora rompió el silencio en un programa periodístico para exponer una red de acoso sexual, hostigamiento laboral y abuso de poder encabezada por las máximas autoridades del cuerpo legislativo local.

Según el testimonio de Cali, el principal acusado es Pablo Fontanet, actual presidente del Concejo Deliberante y dirigente de amplia trayectoria en el distrito. La denunciante detalló que el funcionario utilizaba su posición jerárquica para esperarla a solas en su despacho, intentar besarla sin su consentimiento y citarla fuera del horario laboral. Ante las reiteradas negativas, Fontanet ejecutaba amenazas directas de represalias salariales, situación que afectó severamente a la empleada, quien se encuentra a cargo de su familia como madre soltera.

La presentación incluye como prueba central una serie de chats inéditos atribuidos a Fontanet, los cuales dan cuenta de una insistencia constante por obtener imágenes y videos de contenido sexual explícito, así como reclamos cuando las pretensiones no eran correspondidas. En las conversaciones exhibidas se observan exigencias manifiestas de material íntimo e insinuaciones cruzadas con el ejercicio del cargo, configurando un patrón sistemático de coacción sobre la trabajadora dentro del ámbito municipal.

El relato de la víctima salpica además al exsecretario del Concejo y colaborador del posismo, Andrés Rolón, a quien acusa de maltratos verbales constantes, gritos y el quita irregular de sus funciones jerárquicas sin el debido respaldo administrativo. Las denuncias señalan que esta dinámica de hostilidad laboral precedió al accionar de Fontanet y sentó las bases de un ambiente de trabajo hostil para el personal femenino de la institución.

Uno de los puntos más críticos expuestos por Cali es la presunta complicidad por omisión de las máximas autoridades políticas del distrito. La denunciante afirmó haber presentado los reclamos correspondientes tanto ante el actual intendente, Ramón Lanús, como ante su antecesor, Gustavo Posse, sin obtener respuesta ni la activación de protocolos de contención. La falta de medidas por parte del Ejecutivo municipal es señalada como un factor de desprotección que garantizó la impunidad de los acusados.

El caso pone en tela de juicio el accionar de los funcionarios del oficialismo y la oposición en San Isidro, al tiempo que deja expuestas las contradicciones entre el discurso público y el manejo interno del cuerpo deliberativo. Con la evidencia sumada a los expedientes y la visibilización mediática del testimonio, el entramado político local enfrenta crecientes demandas de explicaciones, sanciones institucionales y el avance de las acciones judiciales correspondientes.