El latiguillo que la dirigencia del PRO installed de manera sistemática en el territorio bonaerense sostiene de forma tajante que “donde gobierna el PRO se vive mejor”. Sin embargo, el contraste entre las proclamas de campaña y la gestión cotidiana suele exponer grietas profundas, especialmente en áreas de alta sensibilidad social como la seguridad ciudadana y el financiamiento de la infraestructura escolar pública.

Las dificultades en los municipios administrados por el espacio amarillo se manifiestan en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Mientras que en la localidad de Junín las preocupaciones vinculadas a la inseguridad forman parte indivisible de la rutina de los vecinos, en la Comuna de Nueve de Julio el foco del conflicto se trasladó de lleno a la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Paralelamente, diversos analistas y dirigentes opositores señalan una paradoja estructural en el armado territorial del espacio opositor: el PRO gobierna solo ciudades con gran presupuesto y tiene problemas con el Tribunal de Cuentas. Esta situación alimenta las críticas sobre la capacidad real de administración en distritos con menores recursos y enciende alarmas sobre los mecanismos de control interno en los gobiernos locales.

La polémica institucional en Nueve de Julio se encendió tras las recientes observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires respecto a la rendición de cuentas del municipio durante el ejercicio 2025. El informe del organismo de control puso en la mira a la administración conducida por la intendenta María José Gentile por la eventual subejecución y desvío de las partidas del Fondo Educativo.

De acuerdo con los registros oficiales citados por el medio especializado Provincia Noticias, el distrito percibió un monto exacto de $2.357.130.143,92 por dicho concepto. Por estricto mandato normativo, el 40% de ese flujo financiero debe estar destinado obligatoriamente a obras de infraestructura y mejoras edilicias en los establecimientos escolares de la comuna, lo que representaba un piso de $942.852.057,57.

A pesar de la exigencia legal, la rendición presentada por la propia contaduría municipal reveló una brecha abismal entre lo percibido y lo efectivamente ejecutado. Las planillas oficiales declararon un gasto aplicado al rubro edilicio de apenas $20.435.162,81, una cifra que equivale tan solo al 0,87% del total de los recursos transferidos por la provincia durante el período analizado.

El drástico desfasaje provocado por la falta de inversión en las escuelas locales desató de inmediato el repudio de la comunidad educativa, gremios docentes y bloques de la oposición. Distintos espacios legislativos demandaron explicaciones urgentes al Poder Ejecutivo municipal para conocer el destino final de las partidas no utilizadas en las obras escolares prioritarias.