El Poder Ejecutivo decidió frenar el trámite parlamentario del proyecto de Ley de Competitividad Financiera y disponer el retiro total del texto ingresado a la Cámara de Diputados. La medida fue adoptada por la Casa Rosada y el bloque oficialista tras la fuerte repercusión negativa que generó la inclusión de un apartado para gravar con el Impuesto a las Ganancias la compraventa de Certificados de Depósito Argentinos (CEDEARs), uno de los instrumentos más extendidos entre los pequeños y medianos inversores locales.

La controversia estalló horas después de que la iniciativa fuera girada al Congreso para su debate en comisiones. El articulado establecía aplicar una alícuota del 15% a las operaciones con CEDEARs adquiridos a partir de la eventual promulgación de la norma, equiparando el tratamiento fiscal de estos certificados negociados en el mercado local con la tenencia directa de acciones o activos financieros radicados en el exterior.

Ante la rápida reacción adversa en el mercado de capitales y las críticas vertidas por especialistas tributarios, funcionarios de la cartera económica intentaron desactivar la tensión en un primer momento. Asesores del Palacio de Hacienda explicaron en redes sociales que la inclusión de la disposición obedecía a un "borrador viejo" del proyecto y anunciaron la eliminación de ese punto específico. Sin embargo, tras una evaluación posterior en Balcarce 50, la conducción oficialista resolvió retirar la totalidad del texto normativo.

Desde la Casa Rosada argumentaron que la decisión de retirar la iniciativa completa busca posibilitar una revisión integral de cada uno de sus artículos antes de encarar una nueva presentación en la Cámara Baja. El equipo técnico del Ministerio de Economía reexaminará las reformas regulatorias propuestas con el propósito de evitar inconsistencias o interpretaciones que puedan resentir la confianza de los operadores e inversores en el ecosistema financiero.

El proyecto original pretendía introducir reformas de envergadura en el mercado de capitales, delimitando competencias entre la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Banco Central (BCRA). Entre otros aspectos, la norma habilitaba la emisión de pagarés indexados, autorizaba a los Fondos Comunes de Inversión a colocar recursos en activos virtuales bajo pautas de la CNV y promovía la digitalización de títulos de crédito para cobros comerciales.

La marcha atrás representa un traspié en la estrategia legislativa del oficialismo, que buscaba avanzar con medidas de modernización financiera antes del cierre del período ordinario. Dirigentes de los bloques aliados manifestaron su acuerdo con la decisión de retirar la iniciativa, remarcando la necesidad de consensuar los aspectos técnicos con los sectores involucrados antes de someter los textos a debate parlamentario.

Con la confirmación del retiro formal de la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados, el Ministerio de Economía trabajará en la reelaboración de la propuesta. El Poder Ejecutivo prevé enviar una versión corregida una vez que se hayan depurado las disposiciones tributarias cuestionadas y se asegure el respaldo político necesario para su tratamiento.