En un momento de gran incertidumbre política, los intendentes de la provincia de Buenos Aires se enfrentan a un dilema crucial: ¿deben seguir concentrados en sus cargos sin límite de reelección o ajustarse a la ley vigente que pone límites a sus mandatos? Este debate no solo pone en juego la democracia interna de los municipios, sino que también refleja una preocupante realidad: ¿realmente están trabajando para la gente, o su verdadera preocupación radica en perpetuarse en el poder y asegurarse un futuro político personal?
Por un lado, tenemos a aquellos intendentes que luchan por la reelección indefinida, enfrentándose a la presión de las normativas que limitan sus mandatos. Frente a ello, muchos de ellos no buscan tanto mejorar la calidad de vida de sus comunidades, sino más bien construir estructuras políticas que les permitan mantener el control, ya sea a través de alianzas estratégicas o de listas conformadas para asegurarse de que sus aliados ocupen los cargos clave. Es difícil no ver en esta dinámica una preocupación por la permanencia en el poder más que por el bienestar de la población. Por otro lado, están los que ya están mirando hacia las elecciones de 2025 y 2027, pensando más en sus propios intereses y cómo consolidar su futuro político. Estos intendentes están más enfocados en tejer alianzas con el fin de dejar en manos de sus aliados la continuidad de sus gestiones o una banca que les asegure fueros en el Congreso. Los fueros de senadores o diputados, tan codiciados en el ámbito político, se han convertido en un objetivo primordial para aquellos que temen perder el control o, en su defecto, ser perseguidos por una gestión fallida. En ambos casos, la prioridad de los intendentes parece estar lejos de las necesidades del vecino. Ya sea luchando por la reelección indefinida o tejiendo alianzas para asegurar su futuro político, lo que prevalece es el afán de perpetuarse en el poder y resguardar su carrera, antes que hacer frente a los desafíos cotidianos que enfrentan las comunidades. La gestión, que debería centrarse en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, queda en un segundo plano ante la búsqueda de aliados estratégicos y cargos que les aseguren una posición cómoda para el futuro. Ante todo esto, queda la pregunta fundamental: ¿quién piensa realmente en la gente?
Los ciudadanos que los eligieron han quedado relegados en un segundo plano. El foco está en mantener las estructuras de poder y garantizar el futuro político, mientras que la gestión efectiva de los problemas que aquejan a los municipios y sus comunidades pasa a un segundo plano. Las promesas de campaña, las soluciones a los problemas de infraestructura, seguridad y salud parecen desvanecerse ante la obsesión por la reelección. La atención está puesta en armar listas de cara a las próximas contiendas, en colocar a aliados estratégicos en cargos clave y, sobre todo, en proteger su futuro político a través de fueros que les permitan mantenerse a salvo de cualquier cuestionamiento o consecuencia de su gestión.
Es hora de que los intendentes se pregunten: ¿están cumpliendo con lo que prometieron a sus votantes o simplemente están buscando asegurar su futuro político a costa de la gente que los eligió? La respuesta parece clara: la preocupación está más en el poder que en el trabajo por hacer. La política debería ser una herramienta de servicio a la comunidad, pero muchos han olvidado que el verdadero mandato es con la gente, no con el poder. La ciudadanía está cansada de ver cómo los intereses personales y la ambición política priman sobre las necesidades reales de la gente. El desafío es claro: es momento de dejar de pensar en los cargos y comenzar a pensar en las soluciones que tanto necesitamos.