La nueva prisión federal de Marcos Paz, que no es un anexo de la ya existente, aunque comparten el mismo predio, comenzó a construirse en 2019 durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta como jefe porteño y Mauricio Macri como titular del ejecutivo nacional. Lo pactado entre ambos era que la Ciudad construya, con fondos de ambas administraciones, un lugar para alojar allí a los 1.500 presos que tiene la cárcel de Devoto. A cambio, podría disponer del edificio vacío y de esa manera liberar el mítico penal y poder demolerlo para construir un espacio verde, en el 65% del terreno, y vender el restante 35% para torres residenciales.

Efectivamente, la construcción de la nueva cárcel comenzó en 2019, pero fue detenida en 2020. Según explicó en su momento el gobierno porteño conducido por Rodríguez Larreta, el freno a la actividad tuvo que ver la decisión del gobierno de Alberto Fernández de recortar la coparticipación federal de la Ciudad de Buenos Aires para aumentar el sueldo de los policías de la Provincia de Buenos Aires, que en septiembre del 2020 habían generado una inquietante protesta.

Esto provocó una demora que duró casi cinco años. A mediados de enero de este año, Jorge Macri anunció el reinicio de las obras. En ese acto, habló sobre los motivos de la demora: “La obra se había suspendido por la mala relación que había con el Gobierno de Alberto Fernández, que nos complicó la vida porque no se llevaban los detenidos en las comisarías y en las alcaidías de la Ciudad.”

Mientras que Marcos Paz, un distrito limítrofe con el Conurbano Bonaerense, enfrenta desafíos cruciales derivados de su proximidad a una zona caracterizada por el crecimiento poblacional acelerado y una infraestructura insuficiente. Ahora, el distrito se prepara para asumir un reto adicional: la inminente ampliación de la cárcel federal existente, destinada a alojar más internos provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Este proyecto plantea interrogantes fundamentales. ¿Se ha evaluado en profundidad lo que implica para el distrito y sus alrededores el aumento en la capacidad de la cárcel? Las consecuencias no solo abarcan cuestiones de seguridad, sino también el impacto en los servicios esenciales y la infraestructura local.

La situación exige una reflexión y un enfoque integral en el que converjan los esfuerzos y la planificación de los cuatro niveles de gobierno involucrados: el Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la CABA y el Municipio de Marcos Paz. Solo mediante una colaboración efectiva se podrán prever y mitigar los efectos de este cambio para garantizar la sustentabilidad y el bienestar de la comunidad.

La previsión, en este sentido, no es solo una virtud, sino una necesidad fundamental para evitar consecuencias adversas que podrían profundizar los problemas ya existentes en la región.